 | Plaza Pública |
Mañana se reunirán representantes del Movimiento nacional por la paz con justicia y dignidad con legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Será el modo en que se inicie la participación del Poder Legislativo en la atención a las demandas de la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia, y la concreción de que la exigencia ciudadana así representada no se limita al diálogo con el Ejecutivo, sino que lo mantendrá con los tres poderes del Estado. Queda por fijar el momento en que la encarnación del “daño lateral” -que eso es, entre otros significados, el movimiento por la paz- sea recibida por los ministros de la
Suprema Corte.
La reunión de esa activa porción de la sociedad civil con el Presidente Calderón no produjo resultados espectaculares. Pero sí determinó la organización de una comisión de seguimiento a las demandas ciudadanas y la fijación de un plazo de tres meses, que está en curso. De hecho, funcionarios presentes en el diálogo del alcázar de Chapultepec –mismo recinto donde se realizará el encuentro de mañana- como la procuradora Marisela Morales, se reunió en las horas y días siguientes con los deudos de algunas de las víctimas para atender sus reclamos específicos. No siendo en modo desdeñables diligencias de esa naturaleza, no son las metas que persigue el movimiento de Javier Sicilia. No se trata de que el poeta y sus más cercanos acompañantes se conviertan en gestores de los ofendidos ante las autoridades hasta ahora renuentes a escuchar a las víctimas y a sus familiares. Se persigue la creación de una conciencia pública, de que participen los representantes del Gobierno, en torno a la emergencia nacional en que se halla nuestro país, perceptible desde la llanura ciudadana y medible a través de una sola de sus varias expresiones: La acumulación cotidiana de personas muertas por la violencia criminal y por la desatinada represión estatal. No ha vuelto a emitirse una nueva cifra oficial sobre las víctimas, pero es seguro que ya se acerque a cincuenta mil, como lo ha calculado el semanario Zeta desde Tijuana. Se trata también de que el movimiento por la paz contribuya con su visión a que se modifique la estrategia gubernamental frente al crimen organizado, que lejos de cumplir sus objetivos ha sido contraproducente.
El encuentro de mañana es más complejo del que reunió a Calderón con quienes le reprochan la impunidad respecto del daño que han resentido y la esterilidad del esfuerzo armado contra la delincuencia. Es preciso, para evitar malos entendidos, que las partes lleguen a la cita del jueves con plena claridad respecto del resultado que esa reunión puede producir. Si no hay claridad respecto de lo que puede esperarse del diálogo entre pacifistas y legisladores cundirá el desencanto por la aparente inutilidad del intercambio de posiciones.
Un ejemplo de que se requiere un vocabulario común y una plataforma de información básica para ambas partes lo representa la reforma política. Hubo quienes, después de la irrupción de un grupo en torno de Javier Sicilia en el edificio del Senado, sede en este receso de la Permanente, creyeron que en la reunión de mañana se darán a conocer los términos en que se suscitará o agilizará la participación ciudadana. Obviamente no será así. Ni siquiera será posible que los senadores y diputados informen a sus interlocutores cuándo, si lo habrá, se realizará el periodo de sesiones extraordinarias en que se apruebe la reforma política. Los ciudadanos que forzaron hace quince días el que se programara la reunión de mañana instaron a los legisladores -lo hizo el propio Sicilia-a que abandonen la molicie en que viven y trabajen para afinar las modificaciones exigidas y esperadas.
No es un asunto de laboriosidad. No es flojera ni abulia lo que ha frenado -y de hecho frenó ya respecto del 2012- las candidaturas independientes, las nuevas formas de participación ciudadana (plebiscito, referéndum, iniciativa popular). La causa de que la minuta llegada del Senado a San Lázaro se haya atorado allí es, en el fondo, un disenso interno en las bancadas del PRI. Y no un desacuerdo ideológico, de los que se pueden zanjar en una discusión. Es un conflicto de intereses que no se deshará sólo por la buena voluntad de los legisladores que mañana se expongan a nuevas recriminaciones sobre su pereza.
La reforma política acordada en el Senado es uno de los campos de enfrentamiento entre las dos corrientes, hasta ahora las únicas, que disputan la candidatura presidencial del PRI, extremadamente codiciada ahora, ante la posibilidad de que quien la ostente sea el sucesor de Felipe Calderón. Aun si la minuta senatorial que contiene reformas consideradas necesarias por el movimiento por la paz y otras agrupaciones hubiera llegado oportunamente a la Cámara, y no en la víspera de la clausura del periodo ordinario, difícilmente hubiera transitado hacia su aprobación. Lo impiden posiciones específicas del gobernador Enrique Peña Nieto. Busca que dicha reforma incluya la cláusula de gobernabilidad que permita al partido que obtenga la presidencia contar con la mayoría en el Congreso. Quiere también excluir la reelección continua en el Poder Legislativo.
Salvo que Peña Nieto desistiera de llevar adelante. Con las bancadas a su servicio en san Lázaro , esas propuestas. o que la mayoría senatorial se aviniera a recibir de regreso la minuta para hacer suyas las modificaciones de los diputados, la reforma política es imposible.
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