El Graznido de las Chachalacas 517 - LEY DE SEGURIDAD NACIONAL Y SUS MÚLTIPLES FACETAS

El graznido de las chachalacas 517

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La ruptura del diálogo, mensaje social contra la ley de seguridad

• La autoridad oye, pero no cambia sus metas, afirman ONG

Periódico La Jornada
Viernes 5 de agosto de 2011, p. 10

La decisión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia de considerar roto el diálogo con el Poder Legislativo, es una muestra de que las autoridades pueden escuchar a la sociedad, pero no tienen intención de modificar sus agendas, sostuvieron integrantes de organizaciones y movimientos civiles.

Armando González, del Frente Popular Ciudadano, aseguró que más que dialogar con el Ejecutivo y el Legislativo, las agrupaciones sociales deben realizar acciones que propicien que desde el poder se asuma que es necesario modificar el rumbo político del país.

Consideró que Sicilia tuvo la mejor intención al sentarse a dialogar con los poderes, pero éstos demostraron que no tienen interés en cambiar. “En su momento, el frente consideró que era algo infructuoso y no veía futuro al diálogo con un Estado cuya agenda no coincide con los intereses genuinos del pueblo; su propósito es caminar hacia la fascistización del país mediante un proceso de militarización de la vida civil. Lo dijimos en su momento y qué bien que Javier rectifica.”

González subrayó: quedó demostrado que dialogar con el régimen no resuelve la situación. El Estado puede decir que escucha, sentarse a la mesa con miles de personas; pero sin acciones, señales y formas concretas que indiquen que tiene voluntad de cambiar el rumbo político no habrá entendimiento. Nada gana el ciudadano de un gobierno que escucha las quejas pero que de entrada sostiene que no piensa modificar nada y que su política, en este caso la de seguridad, no tiene marcha atrás".

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Ley de Seguridad Nacional: hacia el Estado policial

So pretexto de la violencia del narco… van los antecedentes

Editorial de la Jornada

Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro” para la seguridad interior.

El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior”; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, “con cualquier herramienta que resulte necesaria”, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso “de cualquier método de recolección de información”.

La iniciativa se fundamenta en consideraciones absurdas y tramposas que pretenden dar la vuelta a mandatos constitucionales inequívocos, como la afirmación de que “en todo lugar y momento, la paz (en contraposición a la guerra) es relativa”, y la pretensión de que la fuerza armada debe participar, “como coordinadora de acciones para enfrentar un desafío o una amenaza que, sin llegar al extremo de la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, requiere atención inmediata y eficaz que los cuerpos policiacos preventivos y las autoridades civiles no están capacitados para proporcionar”.

En suma, se pretende dar cobertura legal a la supensión de facto de las garantías individuales que ya prevalece en extensas regiones del país, pero sin asumir los costos políticos derivados de una declaración formal de estado de excepción. Semejante posibilidad haría imposible una defensa efectiva de los derechos humanos de la población; daría impunidad total a los empleados públicos que los violan; crearía las condiciones para la criminalización generalizada de las oposiciones políticas, los movimientos sociales y las protestas laborales, y daría fundamento legal a la persecución y represión de inconformidades poselectorales. Es por demás significativo y ominoso que se pretenda imponer tales normativas en vísperas de los procesos comiciales federales previstos para el año entrante.

Finalmente, sería doblemente trágico que, tras la pérdida de la seguridad pública provocada por los malos resultados de la estrategia gubernamental contra la delincuencia organizada, la ciudadanía tuviera que enfrentar una grave e injustificable afectación a sus libertades y garantías individuales, como consecuencia de una reforma legal de dudosa utilidad para enfrentar a la delincuencia, pero de consecuencias inevitablemente desastrosas para los derechos humanos, para la libertad y para las perspectivas de la democracia en el país.

Ley omisa de Seguridad Nacional

Fuerzas Armadas Javier Ibarrola Una vez más el Senado de la República se zambulle en un mar de imprecisiones en busca de una eficiente Ley de Seguridad Nacional, en cuya exposición de motivos, el texto de la minuta establece que la Ley es omisa respecto al concepto de seguridad interior y, por lo mismo, no prevé los supuestos en los cuales se debe considerar que está afectada la seguridad interior, ni establece un procedimiento para que los Poderes de la Unión presten protección a los Estados en caso de trastorno interior. La Ley de Seguridad Nacional vigente no establece las causas específicas y el procedimiento a seguir para que el Presidente de la República disponga de la totalidad de la Fuerza Armada permanente para la seguridad interior. El dictamen sobre la nueva ley de seguridad nacional se encuen.. [+] Ver mas

Los mails de los 500 diputados federales: No a la Reforma de la LSN

Te recomendamos revisar este interesante blog y empezar a enviar email a todos los diputados exigiendo NO A LA REFORMA DE LA LSN….!!!

Nota: existen algunas cuentas que al no ser consultadas por los congresistas pueden tener problemas pero es mínimo.
Fundamenta tus cartas en el 8vo constitucional, que qué dice?… esto:

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/9.htm?s=

Acosta Gutierrez Manuel Ignacio ,
Acosta naranjo guadalupe ,
Aguilar armendáriz velia idalia ,
Aguilar Gonzalez Jose Oscar ,
Aguirre Herrera Angel ,
Aguirre Maldonado Maria de Jesus ,
Aguirre Romero Andres ,
Agüero Tovar Jose Manuel ,
Ahued Bardahuil Ricardo ,
Albarran Mendoza Esteban ,

Lista de todos los emails…

El escándalo

El escándalo

Luis Javier Garrido

La "Ley de Seguridad Nacional" de Felipe Calderón y los priístas, que intereses espurios insistieron torpemente en hacer aprobar en estos días (junto con una nueva contrarreforma político-electoral y la contrarreforma laboral), generando un enorme escándalo en el país, no puede ser moral o jurídicamente aprobada, pero tampoco políticamente, pues de hacerlo los legisladores convertirían a México en el ridículo del mundo occidental: un Estado policiaco-militar que se pretende moderno.

1. La aberración principal de la iniciativa de modificaciones constitucionales y legales en materia de seguridad que Felipe Calderón envió en 2010 al Congreso está en su pretensión fundamental: busca hacer viable y seudolegal el que las fuerzas armadas asuman en México funciones policiacas (lo que en los hechos ha acontecido en los últimos cuatro años en abierta violación al principio consignado en el artículo 21 constitucional), principio que no se ha establecido en la legislación de ningún país euro-occidental, salvo los casos de la Alemania nazi (1933-1945) y de la España franquista (1939-1976), que es en mucho el modelo del actual gobierno panista y de sus asesores del PP español.

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Ley de Seguridad, a la "congeladora"

Jesusa Cervantes

FOTO: Octavio Gómez

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Protesta en contra de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional.


MÉXICO, DF, 28 de abril (apro).- La reforma a la Ley de Seguridad Nacional fue enviada a la “congeladora” y lo más probable que se discuta en un eventual periodo extraordinario.
Luego de una reunión de la Junta de Coordinación Política (Jocopo), que se alargó más de tres horas, la presidenta Josefina Vázquez Mota, del PAN, anunció que el 17 de mayo se volverá a reunir esa instancia “para hacer una primera valoración del dictamen”.
Detalló que, por acuerdo de la Junta, la minuta del Senado --modificada sustancialmente por un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados-- se discutirá en tres de las cinco comisiones que tienen en su poder el documento: Gobernación, primera a la que se turnó y que preside el panista Javier Corral; Derechos Humanos, que encabeza el diputado priista Manuel Cadena, y Defensa Nacional, que preside el priista nuevoleonense Rogelio Cerda.
Vázquez Mota aclaró que se pedirá a las tres comisiones que trabajen en conferencia, elaboren un dictamen y éste sea revisado por la Jucopo.
“De estas tres comisiones que estarán trabajando en conferencia, de tener un dictamen ya resuelto, estaremos en condiciones para convocar a un periodo extraordinario con el propósito de la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional”, ofreció.
Por su parte, el priista Alfonso Navarrete Prida, quien estuvo a cargo de las modificaciones de la minuta en el Senado y del grupo plural que la Junta estableció sobre el tema, culpó al panista Javier Corral, de que el asunto no se haya abordado porque se negó a convocar y a dictaminarla en este momento.
Aclaró que su partido es respetuoso de la ley y recordó que el Reglamento de la Cámara de Diputados establece que se debe dictaminar y participar en la primera comisión a la que se le dio turno, es decir, la de Gobernación, que encabeza el propio Corral.
Insistió en que los cambios propuestos no vulnerar los derechos humanos ni se otorgan facultades amplias al Ejecutivo para el uso de la fuerza, pero que el reglamento de San Lázaro es claro y que, si al inicio de semana se planteó la posibilidad de sacarla en este periodo, fue porque existía la pretensión de que las comisiones a las que se había turnado declinaran, luego que el presidente de la de Gobernación sostuvo que ello no pasaría.
De todas formas, el argumento priista fue que en acatamiento al reglamento es que no saldrá la polémica ley, en tanto que Vázquez Mota dijo el miércoles 27 que la aprobación depende de la negociación en el Senado de la República.
Una de las leyes que se ven concatenadas a la aprobación de la de Seguridad, es la reforma política que el Senado recién aprobó y envió a la Cámara de Diputados.
Y este jueves 28, prácticamente se envió a la “congeladora” esa minuta, al anunciar el presidente de la Mesa Directiva, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, que ésta fue turnada a las comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y a la de Participación Ciudadana.
Por esta razón es que se espera que ambas reformas se discutan hasta el penúltimo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que iniciará el 1 de septiembre para culminar el 15 de diciembre.

Buscan avalar a consejeros de IFE

La Jucopo también definió tres ternas para elegir a los tres nuevos consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).
De las tres se hará una sola para intentar aprobarla de este viernes al sábado 30, día en que concluye el periodo ordinario.
PAN y PRD presentaron la terna siguiente: Emilio Álvarez Icaza, David Gómez y Arely Gómez.
El PRI y PVEM: Arely Gómez, Cecilia Tapia y Enrique Ochoa. Y Nueva Alianza: Cecilia Tapia, Enrique Ochoa y Ciro Murayama.
A Álvarez Icaza se le considera cercano al PRD; David Gómez al PAN; Ciro Murayama a Elba Esther Gordillo; Arely Gómez al priista Manlio Fabio Beltrones, y Enrique Ochoa al gobernador mexiquense Enrique Pena Nieto.
Se espera que la diputa sea por la posición del PRI: entre la de Beltrones y la de Peña Nieto.

El Senado no avalará reformas que den sustento a un Estado policiaco-militar

Ley de Seguridad Nacional

• Los cambios que impulsa Navarrete Prida rompen el pacto federal: Murillo

Periódico La Jornada

La Ley de Seguridad Nacional confrontó al Senado con la Cámara de Diputados. Ayer, legisladores de PRI, PRD, PT, Convergencia y PVEM advirtieron que no avalarán las modificaciones que se pretenden hacer en San Lázaro a esa legislación. El priísta Francisco Labastida Ochoa recalcó que no pueden avalar un proyecto de ley que avanza hacia un régimen policiaco-militar.

La bancada del PRD advirtió que convocará, junto con los diputados perredistas y legisladores de otros partidos, a formar un bloque opositor que frene el intento del grupo de diputados afines al gobernador Enrique Peña Nieto de militarizar el país.

Labastida Ochoa dijo que se oponen a los cambios que otorgan al Presidente de la República la posibilidad de declarar por su cuenta, sin intervención del Congreso, estados de excepción en prácticamente cualquier región del país, con el pretexto de combatir al narcotráfico.

La base jurídica para que el Ejecutivo haga uso del Ejército abre la puerta a la violación de derechos humanos y libertades políticas, recalcó el ex candidato presidencial.

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Recula el PRI en usar tropas contra movimientos sociales; mantiene cese de garantías

• Reincorpora al fuero civil perseguir delitos cometidos por los militares

• Si no hay acuerdo se impondrá con una "agenda rápida y furiosa": Cerda

Periódico La Jornada
Miércoles 27 de abril de 2011, p. 2

El PRI en la Cámara de Diputados aceptó suprimir de su proyecto de Ley de Seguridad Nacional puntos sustanciales, como la intervención del Ejército contra movimientos sociales, políticos y electorales, y reincorporó al fuero civil la persecución de delitos cometidos por militares durante operativos, pero preserva la discrecionalidad del Presidente de la República para ordenar la intervención armada en estados o regiones del país y suspender las garantías individuales.

Por la mañana, mientras el coordinador de los diputados priístas, Francisco Rojas Gutiérrez, advirtió que esta semana se votará el dictamen y el presidente de la Comisión de Defensa, Rogelio Cerda, sostuvo que si no hay acuerdo el PRI se impondría en una sesión con una "agenda rápida y furiosa", integrantes de la bancada se negaron a avalar la petición expresa de aprobar sin cambios el documento.

Anoche, en reunión del consejo consultivo de la bancada del PRI –donde participan los coordinadores de los estados y de los tres sectores–, varios priístas cuestionaron el fondo de la reforma.

La ex presidenta del PRI Beatriz Paredes lanzó cuatro preguntas: "¿Quién lo está pidiendo? ¿Qué viabilidad real tiene de que pase en el Senado? ¿Qué papel jugarán las autoridades locales? ¿Y por qué nuestra apuración, si nosotros no somos gobierno?"

Incluso, reprochó que mientras el PRI impulsa la reforma, "yo veo al PAN muy calladito, ni se despeina y creo que quiere dejarnos, como se dice en el beisbol, abanicando".

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México: Carta abierta de OSC a diputadas y diputados sobre dictamen Ley de Seguridad Nacional

Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes manifestamos nuestra preocupación por las deliberaciones en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional

Extracto de Carta abierta a diputadas y diputados sobre la Ley de Seguridad Nacional

Las organizaciones, instituciones y personas abajo firmantes les enviamos un cordial saludo y aprovechamos para manifestarles nuestra preocupación por las deliberaciones en torno a la reforma de la Ley de Seguridad Nacional (LSN), actualmente en dictamen por parte de su Comisión. Como es de su conocimiento, el pasado 21 de abril de 2009 el Ejecutivo Federal presentó al Senado una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que prevé un procedimiento administrativo con una mera opinión consultiva del Congreso para regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas en supuestos hechos de disturbio de la paz pública, entre otras causales. El procedimiento es llamado “alerta de seguridad interior”.

En su minuta del 22 de abril de 2010, el Senado incorporó a ese procedimiento un conjunto de controles democráticos conducentes a garantizar a los civiles el acceso a la justicia y a garantías judiciales efectivas, ante tribunales competentes, independientes, objetivos e imparciales, por casos de delitos constitutivos de violaciones de derechos humanos cometidos por elementos de la Fuerza Armada Permanente, así como el monitoreo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación sobre las actuaciones de elementos castrenses en las alertas de seguridad interior.

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones y académicos firmantes exhortamos a las y los integrantes de las comisiones dictaminadoras y a las y los coordinadores de las fracciones parlamentarias a:

Que toda redacción de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional se sujete a la obligación objetiva del Estado mexicano de garantizar el respeto y protección irrestrictos de los derechos humanos, incluyendo el derecho humano a la seguridad, con la debida integralidad e indivisibilidad de todos los derechos de los que las personas somos titulares, lo que implica que la protección de un derecho jamás representaría la suspensión o restricción de otro en un estado de normalidad democrática;

Que en el dictamen de la Cámara de Diputados se acate lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en lo tocante a la prohibición de aplicar extensivamente la jurisdicción militar a casos en los que se encuentren involucrados civiles;

Que incorporen los estándares y recomendaciones internacionales en materia de seguridad ciudadana a los que hemos hecho referencia en este escrito, a fin de que la seguridad que provea el Estado responda a un enfoque integral, comprensivo de las dimensiones sociales, políticas y económicas de la innegable problemática de seguridad que hoy atraviesa nuestro país, y no sola ni privilegiadamente al uso de la fuerza;

Que discutan en sesión de las Comisiones Unidas de ambas Cámaras involucradas en la dictaminación de la minuta, conjuntamente con la representación del Ejecutivo Federal y de la sociedad civil, para que antes de llevar los dictámenes al Pleno de la Cámara de Diputados se formule una propuesta que recoja puntos de vista plurales.

Confiamos que la Cámara de Diputados atenderá a la alta responsabilidad que hoy tiene de establecer un marco jurídico en materia de seguridad que resulte en todo momento respetuoso de los derechos humanos de todas y todos, a fin de consolidar la democracia, la paz y el bienestar de México.

Carta íntegra de organizaciones en formato PDF.

http://bit.ly/gF56Te

Atentamente,
Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C.
Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de los Derechos Humanos, A.C. (AFADEM)
Asociación Mundial de Radios Comunitarias – México, A.C. (AMARC-México)
Asociación Sinaloense de Universitarias, A.C.
Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, O.P., A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, A.C.
Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño”, A.C.
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo de Organizaciones Michoacanas de Derechos Humanos, A.C. (COMDH)
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C. (CCDH)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Fundación Diego Lucero, A.C. (FDL)
FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, A.C.
i(dh)eas – Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C.
INCIDE – Social, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
Litiga OLE, A.C.
Niunoniunamás
Red de Comités Comunitarios de Derechos Humanos de la Huasteca Veracruzana
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDTT) (conformada por 73 organizaciones en 23 estados)
Sin Fronteras, I.A.P.
Clara Jusidman
John M. Ackerman
Rodrigo Olvera Briseño

Ley de Seguridad Nacional

Es un virtual golpe de Estado, advierte Jaime Cárdenas Gracia

El PRI dice estar dispuesto a asumir el costo político por aprobar la iniciativa

Tres agentes de tránsito de Guadalupe, Nuevo León, fueron asesinados este lunes en dos ataques perpetrados presuntamente por el mismo comando
Foto Reuters Enrique Méndez

Periódico La Jornada

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados afirmó que está dispuesto a asumir el costo político de aprobar la Ley de Seguridad Nacional que, a propuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional, concede al Presidente de la República la atribución de sofocar con el Ejército movimientos sociales, políticos, laborales y electorales, y decretar el estado de excepción en entidades o regiones del país.

Junto con Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmó que desde la Junta de Coordinación Política gestiona con las comisiones de Defensa, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos y Gobernación para que sólo una o dos de ellas voten el dictamen y el resto se allanen, para tratar de que se vote esta misma semana.

No obstante, en la mesa directiva se consideró difícil que el documento entre al pleno en el actual periodo de sesiones, debido a la inconformidad que ha generado en el resto de las bancadas.

En conferencia de prensa, Alfonso Navarrete Prida (PRI) dijo que su grupo parlamentario está dispuesto a asumir los costos políticos de votar una reforma que, como publicó este diario la semana pasada, facilita al Ejecutivo el uso de tropas cuando considere que está en riesgo la seguridad interior. Incluso, el priísta acotó que si en los operativos se cometen abusos contra la población civil, ello será responsabilidad de la autoridad que los aplique y no resultado de una ley.

Al concluir ayer la segunda reunión para evaluar la propuesta de Navarrete Prida que modifica sustancialmente la minuta del Senado, diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) informaron que se solicitó modificar el artículo 74, fracción VII, párrafo segundo del proyecto de dictamen, porque como está planteado abre la puerta para que las fuerzas armadas actúen contra protestas civiles.

Ese párrafo advierte: No procederá la declaratoria de afectación a la seguridad interior cuando la solicitud tenga su origen o causa para dar cumplimiento a requerimientos o resoluciones emitidas por autoridades administrativas o del trabajo; tampoco procederá por acciones relacionadas con movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social, excepto cuando las acciones derivadas de los mismos constituyan un desafío o amenaza en los términos del artículo 3 de esta ley.

Según Navarrete Prida, esa redacción “camina en la intención de prohibir que las fuerzas armadas puedan reprimir una manifestación pacífica y civil… salvo que de un asunto de éstos se rebase y constituya un obstáculo o amenaza” a la seguridad interior.

En contraste, el presidente de la Comisión de la Función Pública y secretario de la de Defensa, Pablo Escudero (PVEM), resaltó que en las observaciones al texto de Navarrete se insistió en dejar muy claro que las fuerzas armadas no pueden acometer movilizaciones civiles.

Además, debe definirse con precisión que en la declaratoria de afectación a la seguridad interior no pueden suspenderse las garantías individuales, declaró.

Teresa Incháustegui (PRD), secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, afirmó que si PRI y PAN pretenden que el dictamen se vote sólo por una comisión, primero deben reunirse las mesas directivas de las cinco que tienen la minuta. De otra manera, la Junta de Coordinación no tiene capacidad de excluir a tres o cuatro de las comisiones, a menos que quiera pasar por encima del reglamento, dijo.

Expresó que aun cuando las bancadas priísta y panista argumentaron ayer que existen candados en la propuesta para evitar la violación de derechos humanos, es evidente que quieren criminalizar los movimientos sociales; además, no hay garantía de respeto a las garantías individuales, y los derechos quedan sujetos al protocolo de la declaratoria de riesgo a la seguridad interior.

Incháustegui aseguró que sería un despropósito que, aun con el riesgo que esas disposiciones representan, PRI y PAN aplicaran una mayoría mecánica para aprobar el dictamen.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia (PT) consideró que el documento contiene al menos cuatro deficiencias constitucionales. Primera, el Consejo de Seguridad Nacional, que también tomará decisiones en torno a la declaratoria de estado de excepción, no está sujeto a revisión, y sus acuerdos no podrían combatirse con una controversia constitucional.

Segunda, la exposición de motivos incluye una definición muy libre sobre el estatus de guerra y de paz, al suponer que existe una etapa intermedia, con la que justifica la intervención militar.

Tercera: la posibilidad de intervención del Ejecutivo federal con operativos del Ejército y la Marina sin consultar a los gobernadores, a los congresos de los estados y a las presidencias municipales.

Y cuarta, la aplicación de detenciones, interrogatorios a civiles, allanamientos, retenes e investigación y persecución de delitos, que son atribuciones exclusivas del Ministerio Público.

Más aún, se entromete hasta en las atribuciones que son del Instituto Federal Electoral, al considerar que el consejo nacional realice campañas de cultura democrática, que corresponden a la autoridad electoral, afirmó.

El ex consejero electoral aseguró que, en suma, como está planteado el proyecto de dictamen concede un poder inmenso al Ejecutivo y al Consejo de Seguridad Nacional, y constituiría un golpe de Estado, porque además el presidente de la República puede ordenar la intervención militar en situaciones urgentes, sin el permiso del Congreso.