Asesinan a las periodistas Marcela Yarce Viveros y Rocío González

• Hallan sus cuerpos en Iztapalapa; la primera laboraba en Contralínea y la segunda en forma independiente

Las periodistas Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga fueron asesinadas entre la noche del miércoles y la madrugada de ayer; sus cuerpos –con signos de violencia– fueron abandonados en un parque a espaldas del panteón San Nicolás Tolentino, en la colonia El Mirador, delegación Iztapalapa.

Yarce Viveros se desempeñaba como gerente de relaciones públicas de la revista Contralínea, medio del que fue reportera y fundadora; a su vez, González Trápaga también fue reportera de Televisa y en los pasados años trabajaba de manera independiente; asimismo fue directora de Comunicación Social del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y era propietaria de una casa de cambio ubicada en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) informó que la principal línea de investigación es que se trató de un feminicidio, por la violencia utilizada contra las dos periodistas; sus cuerpos fueron hallados por personas que se ejercitaban en el parque El Mirador, localizado en avenida Morelos, poco antes de las siete de la mañana.

Se informó que las dos mujeres, ambas de 48 años de edad, estaban cubiertas con una lona azul, se encontraban desnudas, atadas de pies y manos, con un cordel alrededor del cuello y presentaban golpes en diversas partes del cuerpo.

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Llevar a juicio a civiles y militares, primera prueba de Humala

Una vez en el cargo, entre las primeras pruebas que afrontará Ollanta Humala será el de hacer cumplir el acuerdo firmado entre el Estado peruano y la CIDH para enjuiciar a los autores civiles y militares de un crimen de lesa humanidad: la esterilización forzada de cientos de miles de hombres y mujeres de escasos recursos, principalmente campesinos e indígenas, ocurrida entre los años 1993 y 2000. Los hechos ocurrieron bajo el gobierno de Alberto Fujimori. El acuerdo establecido con el organismo internacional había sido suspendido por el gobierno de Alan García

Ángel Páez / IPS-Voces de la Tierra

El presidente electo de Perú, Ollanta Humala, impulsará la investigación para que la justicia penalice a los responsables del plan de esterilización compulsiva de mujeres del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), asegura la portavoz de la agrupación política triunfante, Aída García Naranjo.

“Humala cumplirá con el compromiso del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que no quede impune el caso de las víctimas de esterilizaciones femeninas y masculinas, que consideramos un delito de lesa humanidad”, dice García Naranjo a IPS.

“No puede haber democracia en un país donde se promueva el olvido y la ausencia de justicia”, sentencia la dirigente de Gana Perú.

El Acuerdo Amistoso del país con la Comisión, que es parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos, data de 2003 y establece que se enjuiciará a los autores del programa de planificación familiar para reducir la pobreza con operaciones quirúrgicas masivas de ligaduras de trompas de Falopio y vasectomías, en particular en poblaciones andinas, campesinas y de bajos recursos.

En 2010, sin embargo, la representante del gobierno peruano había anunciado a la entidad, con sede en Washington, que el Ministerio Público había archivado el caso y que con eso daba por concluido el tema.

Así, Lima sólo cumplió en el caso testigo de este Acuerdo, con la indemnización y atención a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de esterilización forzada que falleció en 1998, cancelándose así toda posibilidad de justicia.

Cifras oficiales del Ministerio de Salud indican que entre 1993 y 2000 se practicaron 346 mil 219 esterilizaciones femeninas y 24 mil 535 masculinas, 55.2 por ciento de las cuales fueron realizadas entre 1996 y 1997, periodo en el cual fueron autorizadas a participar en estas operaciones a las Fuerzas Armadas y a la policía.

En ese lapso de dos años se efectuaron 262 ligaduras de trompas por día en promedio, en el marco del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, diseñado por el gobierno de Fujimori, actualmente encarcelado por delitos de corrupción y violaciones a los derechos humanos.

Esta cuenta pendiente en Perú estuvo entre los principales asuntos manejados en el debate transmitido por televisión, previo a la segunda vuelta presidencial del domingo, que sostuvieron Humala y su contendiente, la derechista Keiko Fujimori, hija del exmandatario.

El líder nacionalista, ganador del debate con un programa de gobierno de izquierda, emplazó a Keiko Fujimori a que se pronunciara sobre las esterilizaciones que afectó el gobierno de su padre a miles de mujeres, en particular a andinas y pobres.

Destacó, en esa presentación, que su contrincante contaba en su equipo técnico con Alejandro Aguinaga, quien como Ministro de Salud del gobierno fujimorista de 1999 a 2000, fue uno de los que ejecutó el cuestionado programa de planificación familiar.

Pero Humala olvidó mencionar a otro exministro de Salud involucrado en el caso, se trata de Marino Costa (1996-1999), que también formó parte del equipo técnico de Keiko Fujimori. El tercer responsable de esta cartera acusado de encabezar el plan de esterilizaciones es Eduardo Yong Motta (1994-1996).

La hoy candidata frustrada a la presidencia se defendió indicando que el caso estaba cerrado, que Aguinaga había sido investigado y que no se le encontró ninguna responsabilidad. Pero, aún no se abre ningún juicio por este plan en Perú.

“El anuncio de Humala representa una esperanza de justicia para todas aquellas mujeres que, como yo, fuimos engañadas por el gobierno de Fujimori cuando nos dijo que al esterilizarnos mejoraría nuestra calidad de vida, y resultó todo lo contrario”, declara a IPS Ligia Ríos Lizárraga, de 44 años y madre de tres hijos.

“Por esterilizarme me mataron a mi último hijo”, señala esta campesina. Agrega que “desde que en 1997 con engaños me ligaron las trompas, sin decirme que en ese momento estaba embarazada, mi vida es un completo infierno. Cada cierto tiempo tengo hemorragias, y ahora acabo de salir del hospital para que me atendieran de emergencia”.

Ríos Lizárraga narra que recurrió a los tribunales para que sancionaran a los autores de la operación quirúrgica, pero el caso nunca prosperó. “Por eso, luego de 14 años de sufrimiento, escuchar que mi caso y el de otras mujeres será revisado me da cierto alivio. Espero estar viva cuando castiguen a los culpables”, apunta.

Las mujeres de la sureña región del Cuzco se encuentran entre las más afectadas por las esterilizaciones. En el periodo más intenso de esta práctica, entre 1996 y 1997, el número de ligaduras de trompas saltó espectacularmente de 1 mil 808 a 4 mil 535, lo que significaba casi cinco operaciones diarias.

Sabina Huilca Cóndor, de 41 años, procedente de la comunidad de Izcuchaca, en la provincia de Anta, fue una de esas víctimas. Actualmente tiene que seguir yendo a Lima para recibir un tratamiento especializado. Sufre una neoplasia que los médicos no descartan que sea una derivación de la mala práctica quirúrgica que le practicaron para ligarle las trompas.

“Me voy a poner a disposición de las autoridades para demostrar las causas de la esterilización que me hicieron sin mi consentimiento”, dice Cóndor.

“Yo puedo mostrar mis heridas, mis males, mis dolores, todo lo que sea necesario para que sepan los jueces que me hicieron daño de por vida por una operación que yo nunca pedí”, añade.

Al final de la campaña electoral y ya con el caso de las esterilizaciones golpeando fuertemente la credibilidad de su candidatura, Keiko Fujimori ensayó unas disculpas a las víctimas.

Pero Cóndor dice no aceptar esas disculpas, pues “fueron sólo por interés”. “No le creo porque antes nunca dijo nada”, agrega.

La directora de la organización nogubernamental Demus, Jeannette Llaja, manifiesta su expectativa por el anuncio de Humala y destaca que “no sólo se espera una investigación y sanción a los responsables, sino también la reparación a las víctimas, tanto individuales como comunales”.

Llaja agrega: “Especialmente en las zonas andinas, las esterilizaciones afectaron a comunidades campesinas completas, de allí que nosotras planteamos que el delito cometido es de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible”.

En entrevista con IPS, Llaja señala que “hay investigaciones del Congreso Legislativo y de otras instancias que han concluido que el programa de planificación familiar se diseñó especialmente para afectar a las mujeres más pobres del país, habitantes de las zonas andinas y quechuahablantes”.

Indica además que “la responsabilidad no se reduce sólo a los médicos sino también a los autores de las políticas públicas, lo cual equivale señalar al propio expresidente Fujimori”.

“La declaración de Humala es una expresión de que el Estado peruano finalmente asumirá el compromiso adquirido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por eso esperamos y velaremos porque se cumpla la palabra”, puntualiza Llaja.

Fuente: Contralínea 242 / 17 de julio de 2011

El alto costo de mantener a los expresidentes de méxico

Con Calderón, salario pierde la mitad de su valor

En lo que va de este gobierno, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder adquisitivo. Pese a esta merma, más del 50 por ciento de los trabajadores mexicanos gana menos de tres salarios mínimos al día, insuficientes para pagar alimento, vestido, vivienda, educación y esparcimiento. Alentada por el gobierno y aprovechada por los empresarios, la supuesta “ventaja competitiva” de los bajos salarios no fomenta el crecimiento económico y sí perjudica a la clase trabajadora

En casi cinco años de gobierno calderonista, el salario mínimo ha perdido 42 por ciento de su poder de compra, lo que lo sitúa como el segundo mayor deterioro salarial de los últimos años, sólo superado por el del sexenio zedillista.

La mengua en el salario actual se traduce en la pérdida de casi la mitad del valor que tenía al inicio del sexenio y del 75 por ciento de lo que representaba en 1978, cuando tuvo su mayor poder adquisitivo, de acuerdo con cálculos del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Pese a la merma progresiva que ha tenido el salario durante su administración, el pasado 29 de marzo Felipe Calderón Hinojosa presumió que los gobiernos panistas han sido los únicos en varias décadas en elevar el salario mínimo real. No mencionó, por supuesto, que este incremento ha sido apenas de 57.84 por ciento en términos nominales.

Se trata de un ínfimo crecimiento comparado con el que desde diciembre de 2006 han tenido los precios de productos básicos, como el frijol, que subió 219 por ciento; el aceite, que se incrementó 125 por ciento; o el huevo, cuyo valor es ahora 90 por ciento mayor que al inicio del gobierno calderonista.

En el marco de la presentación de los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Calderón Hinojosa también aseguró que en los últimos 10 años, “aumentó el número de trabajadores que perciben mejores salarios”. La supuesta mejora salarial ha sido de sólo 22 pesos en una década de panismo.

Con todo y el marginal incremento, el valor del salario ha decaído, lo que significa que, con un salario mínimo, hoy se pueden comprar 4 kilos menos de tortilla, 1.5 litros menos de leche o 21 piezas menos de pan que en diciembre de 2000, cuando inició el sexenio de Vicente Fox Quesada.

Para entonces, el salario mínimo (de 37.89 pesos) alcanzaba para 9.47 kilos de tortilla, mientras que hoy sólo se pueden comprar 5.42 kilos; también podían adquirirse 5.83 litros de leche; hoy alcanza para 4.27 litros. De las 61.13 piezas de pan que era posible obtener hace 10 años, ahora el salario mínimo solventa la compra de únicamente 40 piezas.

Ni para comer

El artículo 123 constitucional establece que los salarios mínimos generales “deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Pero los 59.82 pesos del salario mínimo vigente (el más alto de los tres establecidos para igual número de regiones del país) son insuficientes para cumplir con el precepto constitucional; de hecho, ni siquiera alcanzan para satisfacer las necesidades alimentarias de una familia.

Aun así, en México existen hoy 3 millones 777 mil 907 personas cuyo ingreso diario no rebasa esta cantidad.

El CAM, adscrito a la Facultad de Economía de la UNAM, estima que son necesarios 2.86 salarios mínimos para adquirir una Canasta Alimenticia Recomendable (CAR) –ponderación de 33 productos alimenticios básicos, diseñada con el apoyo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán–, cuyo costo actual se calcula en 171.37 pesos.

Pero en México, una tercera parte de los trabajadores percibe un sueldo diario menor a esa cantidad, a los que se suma un 8 por ciento que no recibe ingreso alguno por su trabajo, como revelan los datos económicos del Censo de Población y Vivienda 2010. Eso se traduce en 16.5 millones de trabajadores incapaces siquiera de alimentarse adecuadamente.

El profesor Luis Lozano Arredondo, del CAM, explica que desde diciembre de 1987, cuando entró en vigor el primer pacto de estabilidad y crecimiento económico, el aumento nominal del salario mínimo ha sido inferior al de la inflación y, por tanto, al de los precios de productos y servicios.

La consecuencia de ello ha sido el deterioro progresivo del poder adquisitivo del salario, pues mientras en 1987 los 6.47 pesos de salario mínimo sufragaban el pago de la CAR (cuyo precio era de 3.95 pesos), para marzo pasado los 59.82 pesos alcanzaban para adquirir apenas una tercera parte.

Para 1994, el salario mínimo de 15.27 pesos solventaba el 60 por ciento de la CAR. Cuando Fox Quesada iniciaba su sexenio, en diciembre de 2000, el salario mínimo –de 37.89 pesos– servía para adquirir el 58 por ciento de dicha canasta.

Una de las consecuencias de este deterioro es que ha aumentado el número de horas de trabajo necesarias para adquirir la CAR. Hace 23 años, bastaba laborar 4.53 horas para pagarla; mientras que ahora son necesarias 22.55 horas, es decir 18 horas más.

Pero las casi tres jornadas laborales que calcula el CAM bastarían únicamente para sufragar los gastos de alimentación, con lo que quedarían pendientes otras necesidades, como ropa, calzado, vivienda, salud, educación y esparcimiento, insostenibles con la tasa salarial actual.

El espejismo de los salarios

A decir de Calderón Hinojosa, en la década de los gobiernos panistas la proporción de personas que ganan más de tres salarios mínimos aumentó de 25 a 33 por ciento, al tiempo que el porcentaje de quienes perciben hasta dos salarios mínimos disminuyó de 42 a 31 por ciento.

Pero aun con esta “reducción”, los datos del Censo de Población y Vivienda 2010 –en los que el panista basó sus declaraciones– muestran que el 60 por ciento de los trabajadores en el país recibe actualmente máximo tres salarios mínimos al día, equivalentes a 179.5 pesos.

Además, cifras de la Encuesta nacional de ocupación y empleo, disponibles hasta septiembre de 2010, muestran que en lo que va del sexenio aumentó el número de personas que recibe menos de dos salarios mínimos en casi 1.5 millones, con lo que actualmente suman 15 millones 798 mil 418.

Pero en la lógica calderonista, el solo aumento del número de trabajadores que ganan más de tres salarios mínimos –5 mil 383 pesos– significa que ha mejorado “de manera gradual y consistente el nivel de ingreso y de bienestar de las familias”.

La cifra es cercana a lo que en la óptica del secretario de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, sería suficiente para pagar los créditos de una vivienda y un coche, así como mensualidades de colegios privados, según declaró el pasado 22 de febrero y que le valió severas críticas.

Entre quienes perciben sueldos superiores a dicho rango, la mayor parte se concentra entre quienes reciben de tres a cinco salarios mínimos, que son casi 8 millones de personas y representan el 19 por ciento de la población ocupada.

Aunque Calderón Hinojosa aseguró que en la última década –es decir, la de los gobiernos panistas– “se han mejorado las condiciones de vida, sobre todo de las familias más pobres”, las cifras del censo muestran que el 31 por ciento de la población –13 millones 232 mil 933 personas– sigue recibiendo ingresos menores a los dos salarios mínimos.

En contraste, apenas 9.8 por ciento de las personas ocupadas –4 millones 200 mil 371– gana entre cinco y 10 salarios mínimos, y sólo el 4.2 por ciento –1 millón 791 mil 370– obtiene más de 10 salarios mínimos, equivalentes a 17 mil 550 pesos mensuales.

Entre estos privilegiados se encuentra el propio Calderón Hinojosa, quien mensualmente recibe tan sólo como sueldo el equivalente a 2 mil 478 salarios mínimos, así como los secretarios de Estado, cuyo ingreso mensual es de 2 mil 437 salarios mínimos, sin contar las otras prestaciones que el Estado les garantiza.

Minisalario, “ventaja competitiva” del país

Los salarios pagados en México son los más bajos respecto de los otros países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y son menores a los que tienen otras economías latinoamericanas, como las de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela.

De acuerdo con el Informe mundial sobre salarios 2010/2011, de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo en el país es inferior al que se paga en China, Portugal y Turquía, y está apenas por encima de lo que recibe un trabajador en India.

El maestro Alejandro López Bolaños, quien recopila estos datos en el texto “Los salarios en México y en los países de la OCDE”, publicado en el boletín Momento Económico, menciona que, de 2006 a 2009, el salario mínimo mensual real registró una tasa de variación promedio de -1.4 por ciento y que para 2010 apenas alcanzó un crecimiento de 0.1 por ciento.

A diferencia de países como Brasil, que aumentó su salario mínimo 60 por ciento para fomentar el consumo de la población, en México se mantienen salarios bajos como una forma de atraer capitales extranjeros, explica López Bolaños, colaborador del Grupo de Análisis de la Coyuntura de la Economía Mexicana, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM.

El investigador refiere que los empresarios e inversionistas ven los salarios como un costo de producción, por lo que buscan reducirlo para obtener mayores ganancias. El gobierno, diligente, salvaguarda esta práctica con una política salarial que niega incrementos reales por encima de la inflación.

La doctora Graciela Bensusán Areous, especialista en temas laborales de la Universidad Autónoma Metropolitana, agrega que, con este enfoque, los salarios se mantienen “artificialmente bajos”.

De este modo, aun cuando la productividad de algunos sectores ha crecido, se busca que los salarios sean estrechos para ofrecerlos a la inversión foránea “como principal ventaja competitiva” del país.

Los especialistas coinciden en que, para que haya un crecimiento real de la economía, debe fortalecerse el mercado interno, lo cual requiere de una mejora de los salarios de los trabajadores para que tengan mayor capacidad de compra.

Bensusán Areous considera que, simultáneo al problema de los bajos salarios, existe una “polarización salarial”, pues se concentran altos salarios entre muy pocas personas, mientras que la mayoría de los mexicanos recibe “miserias” por su trabajo.

Esto se ha acompañado de un proceso acelerado de concentración de la riqueza, como documenta el CAM.

Así, en una década de gobiernos panistas la fortuna de 24 mil 900 millones de dólares que poseían 13 personas se convirtió en un caudal de 125 mil 100 millones de dólares en manos de 11 sujetos, entre ellos el empresario Carlos Slim Helú, el hombre más rico del mundo.

Se trata de un crecimiento de la riqueza de 402 por ciento en apenas 10 años, en tanto que el salario mínimo nominal ha crecido 57.84 por ciento en el mismo lapso, equivalente sólo a 22 pesos.

López Bolaños advierte que los bajos salarios implican también un riesgo social, pues las personas a las que no les alcanza con lo que ganan ya no sólo se emplean en el sector informal, sino que están insertándose en actividades ligadas al crimen organizado. El investigador concluye: “No tiene ninguna parte ética tener esos salarios tan bajos”.

Conasami fija salarios insuficientes

A partir del 1 de enero de 1987, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) es la instancia encargada de fijar y modificar los montos salariales mínimos en todo el país. En su última actualización, la entidad dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social autorizó un aumento de 4.1 por ciento al salario mínimo para este año, equivalente a 2 pesos.

Desde 1931 y hasta entonces, los salarios eran establecidos por comisiones municipales o regionales. La modificación a la ley que facultó a la Conasami establecer los salarios mínimos también fijó tres áreas geográficas para tasarlos:

El área A, que comprende el Distrito Federal y la zona metropolitana, Baja California y Baja California Sur, así como 11 municipios de Tamaulipas, nueve de Sonora, nueve de Veracruz, tres de Chihuahua y el municipio de Acapulco de Juárez, en Guerrero. El salario mínimo general vigente en esta área es de 59. 82 pesos, el más alto de las tres.

El área B está formada por 28 municipios de Sonora, 11 de Tamaulipas, siete de Nuevo León, seis de Jalisco y tres de Veracruz, donde el salario mínimo general es de 58.13 pesos.

El área C la integran Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, México, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. El salario mínimo general para ellos es de 56.7 pesos.

Además de los salarios mínimos generales, la Conasami también tiene establecidos salarios mínimos profesionales para 72 profesiones, oficios o trabajos especiales.

Aunque éstos son superiores a los salarios generales, ninguno de ellos rebasa los dos salarios mínimos a excepción del de reportero o fotorreportero de prensa diaria, establecido en 174.5 pesos en promedio, es decir, 5 mil 235 pesos mensuales.

Trabajos como maestro de primaria particular, auxiliar de enfermería o secretario auxiliar, al igual que oficios como repostero, manicurista, joyero o empleado en tiendas de autoservicio perciben menos de ese monto, de acuerdo con los datos de la Conasami.

Eso significa que, incluso, estos salarios son insuficientes para adquirir la Canasta Alimenticia Recomendable, para la cual se necesitarían 2.86 salarios mínimos generales.

Fuente: Contralínea 231 / 01 de mayo de 2011

México, sin prensa libre

Autor: Jorge Melendez Preciado

Ya lo sabíamos hace varios años: México es una de las tres naciones donde los peligros a los informadores son mayores. Le preceden Irak y Pakistán.

Este año, la organización The Fredoom House señala que nuestro país es uno de los cuatro en Latinoamérica en donde “no existe prensa libre”. Sí, donde es casi imposible investigar acerca de acontecimientos que vulneran a la sociedad. Las otras naciones en este continente, según la institución estadunidense, son Honduras, Cuba y Venezuela.

Según el estudio realizado, México cayó 60 lugares –hasta el 138– respecto de 2010. Todo debido a la guerra contra el narcotráfico. Así pues, no sólo los empresarios mexicanos se quejan de que la violencia evita la llegada de inversiones y posibilita que dueños de fábricas se vayan del país, sino también se constata que los márgenes para informar se ven reducidos por los malosos y sus sicarios.

En el reporte se plantea que “el crimen organizado logró ampliar con amenazas y sobornos su control sobre la agenda informativa” (Reforma, 3 de mayo de 2011). Algo muy obvio si recordamos que El Diario de Juárez publicó un editorial en el que interrogaba no a las autoridades, sino a los barones de la droga acerca de qué hacer para evitar que continuaran asesinando a sus reporteros y baleando sus instalaciones.

Frente a ello, los gobiernos estatal y federal no han hecho nada. Sólo cambiaron a la policía por el Ejército y viceversa, amén de reforzar la guardia personal de las autoridades; pero los ciudadanos de a pie y los informadores no han recibido un trato distinto. Lo sabe muy bien la familia de Maricela Escobedo, que se fue del país luego de los asesinatos de varios de sus miembros.

Pero alguien podría decir “eso es en el Norte”, pues hay estados considerados muy peligrosos para los reporteros. Entre ellos, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Michoacán y Guerrero. En este último, por ejemplo, el periódico El Sur, de Juan Angulo, sufrió diversas agresiones por parte del exgobernador Zeferino Torreblanca. Lo que muestra que los funcionarios son, en ocasiones, más peligrosos que los hampones.

Recientemente, el 29 de abril, el escritor Luis Humberto Crosthwaite, cuando presentaba su más reciente obra Tijuana: crimen y olvido, fue conminado a salir de manera apresurada del Instituto Tlaxcalteca de Cultura por órdenes de su director Carlos Gerson Orozco, ya que éste consideró “peligroso” lo que iba a relatar el escritor.

Dice Luis Humberto: “Mi novela trata de violencia y periodistas desaparecidos” y “suelo explicar que es un reflejo de lo que sucede actualmente en el país: la violencia desatada por el narcotráfico y multiplicada por la guerra que declaró el presidente Calderón” (El Financiero, 3 de mayo de 2011). Extraño, el gobernador de Tlaxcala, Mariano González Zarur, es priista.

Según un reporte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de 2005 a marzo de 2011 se han reportado en suelo azteca 68 homicidios y 13 desapariciones de periodistas. También se han ratificado 473 expedientes de quejas y 21 atentados a instalaciones de medios de difusión (ídem).

No obstante que han exigido se resuelvan los homicidios, la Fiscalía Especial de largo nombre y gran ineficacia y la nueva comisión que no acaba de conformarse, pero en la que se incluye a la Secretaría de Gobernación y otras dependencias, brillan por su ausencia. Es decir, no hay voluntad política para solucionar algo que atenta contra la democracia, pues ya sabemos por diversos teóricos que sin una prensa libre y robusta, nada marcha bien.

En un desplegado del Frente Nacional por la Libertad de Expresión, se plantea la impunidad existente, la censura y la violencia persistente contra los informadores y los medios de comunicación. Lamenta esa agrupación que el gobierno no lleve a cabo medidas para acabar con la impunidad, la censura y la autocensura (desplegado en La Jornada, 3 de mayo de 2011).

Frente a ese panorama, Felipe Calderón envió un mensaje para felicitar a los periodistas y afirmó que se respetarán las ideas, las propuestas y las expresiones de todos. Aunque, desde luego, es necesario que de las palabras se pasen a los hechos, ya que en un ambiente de incertidumbre no hay mucho que hacer.

Recordemos, por cierto, que hace unas semanas enviaron fuera del país al catedrático universitario y periodista italiano Giovanni Proiettis. No hubo explicaciones al respecto, aunque varios compañeros alegaron que fue por sus críticas a la guerra contra el narco y a las posiciones mexicanas respecto del cambio climático.

No hay que olvidar, tampoco, que la revista Contralínea ganó recientemente una batalla por la libertad de información. Había sido demandada por una empresa que tiene contratos con Petróleos Mexicanos. Y es que el semanario dio a conocer una serie de negociaciones poco claras. La jueza Yassmín Alonso había condenado a la publicación supuestamente por “exagerar” en la difusión de los hechos, pero un tribunal superior le corrigió la plana a la señora, exonerando a Miguel Badillo, Ana Lilia Pérez, Nancy Flores y al caricaturista David Manrique; en este último caso, es la primera vez en varias décadas que se pretendía castigar a un cartonista.

Pero no se crea que las demandas contra reporteros sean algo excepcional. Contralínea ha sido llevada a juicio en varias ocasiones, una en la que este reportero se encuentra involucrado. Pero, además, el góber precioso, Mario Marín, también demandó a Jorge Meléndez por daño moral. Los patos, entonces, tirándole a las escopetas.

Hay otros asuntos graves y poco tratados: la falta de presupuesto a las estaciones gubernamentales, la ausencia de licencias a las radios comunitarias, la publicidad gubernamental exagerada a los medios privados y un largo etcétera.

¿Libertad de prensa o involución de los medios?

*Periodista

Fuente: Contralínea 233 / 15 de mayo de 2011

El 1 de mayo en los tiempos de la productividad

Durante el siglo XIX, el término productividad se convirtió en la expresión de la relación entre capital y trabajo. Posteriormente, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la definió como la relación entre la producción obtenida y los recursos utilizados para ello. Desde entonces, existe un gran interés de los países por aumentar la producción con menos recursos; por ejemplo, generar la misma cantidad de productos en menos horas trabajadas, lo cual se puede lograr contratando a menos trabajadores y reduciendo así los costos.

Angélica Gay Arellano*

México se incorporó al mercado laboral mundial en estos términos, promoviendo la competitividad y la productividad. Sin embargo, frente a esta visión predominantemente económica, surgió otra perspectiva que coloca a las personas como sujetos de derechos y se basa en el reconocimiento a los Derechos Laborales en la Constitución Mexicana y en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

No obstante, preocupa que actualmente se encuentre a debate una iniciativa de reforma a la LFT que recoge los planteamientos de 332 iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión en los últimos 12 años, que va en contra de los trabajadores y las trabajadoras. Los cambios propuestos pretenden incorporar los principios de la productividad y la competitividad en la Ley, lo que en la práctica representaría un grave retroceso a las conquistas laborales y a los derechos humanos.

El gobierno federal considera que la reforma laboral detonará el desarrollo económico. Lo cierto es que, desde hace ya varios años, el 1 de mayo es un día en el que, lejos de hablar del cumplimiento de los derechos laborales, se hace el recuento de los intentos de que se apruebe una iniciativa regresiva en materia laboral. Además, ésta ha apuntalado la conflictividad social. El jueves 14 de abril de 2011, diversas agrupaciones sindicales y sociales, entre ellas el Sindicato Mexicano de Electricistas, salieron a manifestarse en contra de la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) el pasado 10 de marzo.

También organizaciones de la sociedad civil se han manifestado en contra de dicha reforma. Pese a que en la exposición de motivos se menciona la promoción del trabajo decente, el articulado viola el principio de progresividad de los derechos humanos al legalizar la subcontratación, además de limitar la creación de sindicatos independientes.

Asimismo, la iniciativa promueve la inversión privada como la forma privilegiada para incentivar la productividad y generar empleos, incorporando figuras patronales, como lo contratos a prueba y los contratos laborales. Éstas benefician, principalmente, al sector privado, puesto que, de aprobarse la iniciativa, gastaría menos que aquéllos que sí otorgan seguridad social y prestaciones a sus trabajadores y trabajadoras. Todo ello favorece la competencia desleal y un tipo de productividad que menoscaba los derechos laborales. Habría que tomar en cuenta que la OIT advierte, en sus publicaciones, que los trabajadores temporales son los más afectados por la crisis económica.

Estos cambios se proponen en un momento en el que las agencias de empleo privadas han reestructurado el mercado de trabajo tradicional porque se les ve como posibles figuras de gestión de los recursos humanos que podrían mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores. No es casual que el 62 por ciento de la población económicamente activa se ocupe en el sector servicios. No obstante, el problema no es el esquema de triangulación o subcontratación y el sector en el que se ocupan, sino la reticencia a la contratación colectiva y las limitantes al derecho de asociación.

En suma, la aprobación de esta reforma quedaría en la historia de México como un grave retroceso en el cumplimiento de los derechos laborales, además tendría un alto costo en la construcción de un país democrático. Por ello, es necesario ampliar el debate y la discusión en torno a esta reforma y sus implicaciones con el resto de la ciudadanía, colocando en el centro de los argumentos el respeto a los derechos humanos.

*Integrante del área de investigación y análisis del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, OP, AC

Fuente: Contralínea 231 / 01 de mayo de 2011