Un veto que dura tres décadas | Víctor M. Quintana S.

Felipe Calderón podrá defenderse de haber vetado la asignación de 10 mil millones de pesos por parte de la Cámara de Diputados para apoyar a los estados que han padecido heladas, sequía o inundaciones. Podrá esgrimir tecnicismos o incluso carencia de facultades del Legislativo para introducir partidas que el Ejecutivo no propuso. Pero en lo que no tiene defensa el residente de Los Pinos es en el veto sistemático de su gobierno y quienes lo precedieron a la agricultura nacional, a la soberanía alimentaria, al desarrollo de los pequeños y medianos agricultores.
Hace once meses, con toda presteza, Felipe Calderón ordenó destrabar de inmediato una cuantiosa partida para acudir al rescate de los maiceros sinaloenses, afectados por la helada de febrero. Se trasladó personalmente hasta aquellas tierras y hasta condujo un tractor para las labores de resiembra. Pero a mediados de diciembre pasado, cuando la Cámara de Diputados estableció un fondo de 10 mil millones de pesos –nunca programado por el Ejecutivo Federal– para apoyar a las entidades afectadas por la sequía, las inundaciones y las heladas, Calderón ejerció un veto de hecho sobre la partida, alegando que tenía algunas “observaciones” que hacerle, mismas que no ha explicado
Se puede conjeturar que Calderón trata de evitar que esos diez mil millones vayan directamente a las manos de los gobernadores, la mayoría priístas y los utilicen con propósitos electoreros en este crucial 2012. Y razón no le faltaría, si no fuera porque el solo hecho de atorar ese dinero también tiene implicaciones electoreras. Entonces, lo que está en el fondo de este conflicto no es la atención a la emergencia alimentaria en la que se están sumergiendo millones de familias, sino quién y cómo capitaliza la ayuda alimentaria. En términos llanos, quién entrega las despensas, a nombre de quién y con qué colores. Así de ramplón el enfrentamiento, así de superficial.
Porque si se quiere ir más a fondo, hay mucho qué decir y qué analizar. En primer lugar, que, ante el cambio climático no se ha diseñado una política agroalimentaria de Estado, siquiera de mediano plazo. Hay un pleito de órdenes de gobierno por echarse mutuamente la culpa y apropiarse de los dividendos electorales, pero no hay ni siquiera la convocatoria a diseñar y poner en marcha un proyecto que desarrolle capacidades productivas, tecnológicas, humanas para hacerle frente a dicho cambio.
Si todo el norte árido y semiárido de nuestro país, si todo el altiplano va a ser de las regiones más afectadas del orbe por sequías y fríos extremos, ¿qué programa se ha diseñado para cambiar de cultivos o adoptar tecnologías adecuadas para que la gente de esas regiones siga produciendo alimentos para ella y para las ciudades?
Porque las políticas federales siguen fomentando la producción y la productividad de los productores y las regiones más ricas y destinando sólo recursos asistenciales para la gran masa de productores pobres y medios, como lo acaban de demostrar investigadores de la Universidad de Chapingo: los programas existentes se concentran en sólo el 15 por ciento de los productores empresariales y dejan fuera a los pequeños campesinos. (La Jornada, 26 de diciembre de 2011, nota de Javier Salinas y Saúl Maldonado).
No sólo en la fase de producción, las políticas oficiales favorecen a los más ricos, también en las de acopio y comercialización: Aserca sigue concentrando sus apoyos en los grandes productores y en los acaparadores. Y, tanto gobierno federal como estatales, siguen favoreciendo a la agricultura extractiva, a las que más contribuye a la desertificación y al cambio climático. Conagua sigue tolerando la sobreexplotación de los mantos acuíferos, Semarnat sigue dando permisos de cambio de uso de suelo, permitiendo el desmonte de miles de hectáreas para nuevos proyectos mineros o agrícolas basados en la extracción sin control de las aguas fósiles. No sólo se toleran estas prácticas; se premia incluso a sus autores con Procampo o cuantiosos recursos del programa “activos productivos”.
Estas son prácticas sistemáticas, conexas que vienen a conformar un modelo agroalimentario. Modelo que no está hecho para generar alimentos, riqueza y vida digna para las mayorías rurales, ni tampoco soberanía alimentaria para esta nación. Díganlo si no los 50 millones de mexicanos con algún grado de escasez de alimentos y los más de 12 millones al borde de la hambruna. Ahí también están los datos que nos muestran que de enero a octubre de 2011 se incrementó en un 98 por ciento el volumen de importaciones alimentarias.
El veto de Calderón a los 10 mil millones de apoyo para las entidades afectadas por los extremos climáticos, es preocupante. Pero es más preocupante el veto de gobiernos priístas y panistas a un modelo de desarrollo rural en el que tengan un lugar primordial la vida digna para los productores campesinos y la comida accesible y de calidad para los consumidores urbanos.

De cómo abdicó de su padre, del panismo y de la ética…

Jorge Eugenio Ortíz Gallegos
13 de septiembre de 2011 ·
Reportaje Especial

Felipe Calderón. El extravío.
Foto: Octavio Gómez

Militante del PAN de 1945 a 1991, Jorge Eugenio Ortiz 
Gallegos fue protagonista y testigo de la evolución de ese partido, fundado por Manuel Gómez Morín. Amigo personal de Luis Calderón Vega, padre del presidente Felipe Calderón, asegura que el actual mandatario pasará a la historia como un neopanista pragmático que sacrificó los valores éticos del partido con tal de conseguir el poder sin importar los costos. La editorial Grijalbo está por poner en circulación la obra póstuma del ensayista y poeta, La mancha azul, en la que retrata a varios de los personajes que, encumbrados a través del panismo, dieron la espalda a la doctrina que alentó a una sacrificada militancia de oposición por más de cuatro décadas. Con autorización de la editorial, proceso.com.mx reproduce fragmentos del libro.

MÉXICO D.F. (Proceso).- Después de su renuncia en 1981, seguí en contacto por correspondencia con Luis (Calderón Vega) y lo visité varias veces en su casa en Morelia. Desde Kenya le mandé una fotografía donde aparece mi guía Kikuyo, mostrando uno de sus libros, tal vez Retorno a la tierra. El 14 de febrero de 1984 me escribió que le habían amputado una pierna, pero se encontraba con la misma vida espiritual. Murió en 1989, aquejado por hemiplejías que fueron impidiéndole la movilidad, hasta el extremo de ser conducido en silla de ruedas.
No he podido encontrar su libro Carta a mis hijos. El cisma del PAN 1975. En carta manuscrita del 20 de marzo de 1984, me decía: “No sé si me atreva a publicarlo, pues pienso que hacerlo perjudicará más las posibilidades de mis hijos panistas”.
En enero de 1991, una vez terminados los asuntos del orden del día de la junta del Comité Nacional del PAN en las oficinas de la calle de Ángel Urraza, Luis H. Álvarez presentó la propuesta, que hicimos varios miembros del comité, de hacer un homenaje a don Luis Calderón Vega, muerto dos años antes.
Felipe Calderón Hinojosa, que no tenía derecho de estar en el Comité Nacional, ya que como jefe de la juventud panista debió de retirarse a los 26 años, golpeó la mesa inmediatamente para lanzarse contra las personas sugeridas para hablar en el homenaje: José González Torres, quien había sido presidente del partido y candidato a la Presidencia de la República, y Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, que había sido por todos conocido como el gran amigo de Luis Calderón Vega.
Varios miembros del comité insistieron a Felipe que el homenaje a su padre era necesario para rendir tributo al gran panista que fue, aunque hubiera renunciado al partido en 1981. Felipe volvió a golpear la mesa cuando habló el diputado Fernando Canales Clariond tratando de convencerlo. Luis H. Álvarez dio por terminada la sesión.
Inmediatamente apareció doña María del Carmen Hinojosa viuda de Calderón, que había estado escuchando todo en la sala de espera del partido, y me abrazó. Todos los miembros del comité le fueron dando, uno a uno, el pésame.

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El fundador del Yunque, Ramón Plata Moreno, fue asesinado en 1979, y quedó como dirigente David Díaz Cid. Entrenaba a los jóvenes con un lenguaje y requisitos extraños, como si fueran un grupo militar, en vez de cívico. Organizaban huelgas en la Universidad de Puebla antigua, muy cerca de la oficina que yo tenía instalada en los bajos de la calle de Arronte. Los antiguos fundadores del PAN en Puebla, encabezados por los hermanos Jesús y David Bravo y Cid de León, estaban en contra de los muchachos pertenecientes al Yunque. Y, en 1987, yo viajaba un sábado al mes a la ciudad de Puebla para dirimir diferencias entre los dos grupos.
De acuerdo con Luis H. Álvarez, presidente del PAN, se fijó un sábado para celebrar la asamblea general que eligiese al comité panista en la ciudad de Puebla. Debían participar únicamente los miembros del partido. Pero, el día de la elección, se presentó Luis H. Álvarez y dejó que entrara una fila invasora de muchachos que no estaban en el padrón. Traté de evitarlo, pero me llamó la atención diciendo: “Jorge Eugenio Ortiz no tiene autoridad en esto. Aquí el que manda es el jefe del partido, que soy yo”.
Así se consumó el control del Yunque en Puebla.

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Como miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), recibí el encargo de entrevistar al licenciado Luis Felipe Bravo Mena a mediados de 1987, entonces analista de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Luis H. Álvarez quería contratarlo como ideólogo del PAN. No aceptó, alegando que no podíamos pagarle lo que ganaba en la Coparmex y que el PAN no tenía futuro político, porque el pueblo se había cansado de idealismos.
No sólo eso. En el boletín de la Coparmex a su cargo, escribió textualmente:
“La clientela electoral del PAN ya se aburrió del discurso panista. Ya no motiva la denuncia del fraude, la corrupción y la crisis. La nueva dirigencia nacional del PAN resultó ‘anticlimática’, y se ha producido gran confusión entre sus militantes. Los resultados prácticos de las batallas de 1985 y 1986 dejaron muy lastimada la moral de ese partido, y el nuevo CEN ha dejado que ese desánimo cunda entre activistas y simpatizantes.”
Sin embargo, poco después aceptó recibir dinero que no provenía de la tesorería del PAN y trabajar como asesor ideológico de Manuel Clouthier, candidato del PAN a la Presidencia de la República (1988). Fue después candidato a la presidencia municipal de Naucalpan (1990), diputado federal plurinominal (1991-1994), candidato a gobernador del Estado de México (1993), senador (1994-2000), presidente del partido (1999-2005), embajador ante la Santa Sede (2005-2008) y ahora secretario particular del presidente Felipe Calderón. Tenía razón: el PAN se había cansado de idealismos.

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Federico Ling Altamirano fue un gran amigo mío en la diputación de la Legislatura 1985-1988. Estuvo al margen de los cabestreos de su hermano Alfredo, jefe del PAN en Guanajuato y miembro del Yunque. El 9 de octubre de 1987 tuve un accidente en mi automóvil, cuando iba de Abasolo para entroncar rumbo a Irapuato, y quedé inconsciente, con la cabeza rota, a la orilla de la carretera.
Alfredo, como un buen samaritano que pasaba, se detuvo, me recogió y me llevó a la casa de un amigo panista y médico que me atendió y me puso una venda en la cabeza. Pero no se volvió a acordar de mí ni reportó el accidente al partido.
El que me llamó por teléfono fue Carlos Salinas de Gortari, en ese entonces secretario de Programación y Presupuesto. Me preguntó cómo me sentía y le contesté que estaba reponiéndome. Mencionó que un amigo le había informado del accidente y que podía contar con él.

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¿Cómo es que Luis H. Álvarez, el de las caminatas y el ayuno al estilo Gandhi, había llegado a alcalde de Chihuahua en 1983? No una, sino muchas veces había figurado como candidato a alcalde, diputado y a senador, con resultados adversos. Súbitamente, en julio de 1983, se reconocieron en Chihuahua siete ayuntamientos y cuatro diputaciones locales al PAN.
Miguel de la Madrid estaba en su primer año de gobierno, después de haber hecho una campaña por “la renovación moral de la sociedad”; y, en el estilo sexenal del PRI, el presidente siempre pretendía aparecer como demócrata en los inicios de su gestión. Pero, además, ha de tenerse en cuenta que, unos meses antes, en diciembre de 1982, Ciudad Juárez fue el escenario de una reunión cupular de empresarios irritados y decididos a enfrentarse al régimen que en septiembre de 1982 había expropiado la banca.
En el hotel Colonial, bajo el nombre de “México los ochentas”, se animó por varios días la reflexión y la decisión generalizada de que los empresarios debían unirse al PAN para disputarle al gobierno los terrenos de la política. Eloy Vallina Garza aparecía entonces como el líder empresarial de Chihuahua y estaba en conflicto con el gobierno federal con motivo de las explotaciones forestales para su planta productora de celulosa. Habló con Miguel de la Madrid acerca de la significativa reunión empresarial, y así llegó Luis H. a presidente municipal de Chihuahua.
Así comenzaron, con altas y bajas, los nuevos tiempos opositores del PAN. Con el empuje de los empresarios resentidos, la simpatía de priistas descontentos con la expropiación y otras arbitrariedades del presidente José López Portillo, y la instalación de la costumbre de los diálogos, iniciada por “México los ochentas”, comenzaron a concertarse arreglos de ventaja mutua para las tres partes: la iniciativa privada, la política oficial y la política del PAN.
A lo largo de ese año de 1986, en repetidas ocasiones, el entonces presidente del partido Pablo Emilio (Madero) y otros dirigentes abordaron a Luis H. para que aceptase figurar como candidato a la presidencia del partido en las elecciones internas que se celebrarían en febrero de 1987. Y en formales reuniones de precandidatos Luis H. rechazó repetidamente la invitación. Sin embargo, súbitamente registró su candidatura a tiempo de triunfar en la elección y asumir la jefatura en febrero de 1987. Fue reelegido en 1990.
Durante el doble período que presidió, el sentido pragmático y la negociación encajaron a la medida de las cualidades de Luis H. Él encabezó la era de la concesión de puestos de poder, la era del disfraz, el ocultamiento o el pleno olvido de los propósitos, tesis y postulados históricos del PAN.
A partir de entonces, jamás volvieron a ser consideradas en la lucha oposicionista del PAN las conclusiones de las convenciones nacionales y estatales. Los textos fueron arrinconados, puestos en ignorancia o en olvido y sustituidos por la colaboración en los proyectos del partido oficial y de sus gobernantes, particularmente en aquellas medidas y reformas electorales y económicas que convenían al régimen, aunque se apartaban o contrariaban la doctrina tradicional.
Luis H. cambió el rumbo. Subordinó los intereses de fondo a la consecución inmediata de puestos políticos, con frecuencia empleos sobresalientes que no eran de origen electoral, sino de simple concesión, de nombramiento de colaboradores que pasaron del PAN a incorporarse a las burocracias federales o estatales. Los resultados están a la vista.

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La “necesaria subordinación de la política a la ética”, de la que hiciera gala Felipe Calderón Hinojosa en 1996, quedó agregada al inagotable empedrado de los verbalismos políticos definidos por el gaucho Martín Fierro como gritos de pájaros teros:
De los males que sufrimos hablan mucho los puebleros, pero hacen como los teros para esconder sus niditos: en un lao pegan los gritos y en otro tienen los güevos.
Ha pasado a la historia como uno más de los dirigentes pragmáticos, influenciado y dirigido por grupos empresariales asociados a los gobernantes del partido oficial. Desmemoriado o falsificador jamás invocó siquiera el pensamiento de su padre, don Luis Calderón Vega, cofundador y extraordinario artesano de la obra del PAN de los primeros 40 años. Se traicionó a sí mismo en ambivalencias y en entreguismos al régimen oficialista.
Ha quedado en la historia de la institución panista como uno más de los sometidos por la urgencia imperativa de “la prisa por el poder”, en fiel seguimiento del estilo negociador que iniciara el tristemente neopanista Luis H. Álvarez a partir de su inicio como presidente del partido en 1987.

Con Calderón, 300% más desapariciones que en Guerra Sucia

por Flor Goche

En la “guerra” antidrogas, aumentan las quejas en contra de militares por su posible implicación en desapariciones forzadas de civiles. El caso más reciente, ocurrido en Tamaulipas, involucraría a marinos en la desaparición de 15 personas. De 2007 a la fecha se habrían cometido 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo en México, documenta la ONU; 300 por ciento más que los ocurridos durante la Guerra Sucia. Al menos, 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos formarían parte de la lúgubre lista

Soldados y marinos son señalados como los autores de decenas de desapariciones forzadas de civiles, cometidas en el contexto de la “guerra” del gobierno federal contra el narcotráfico. La más reciente denuncia implica a elementos de la Secretaría de Marina en la desaparición de 15 personas entre el 1 y el 22 de junio pasado. De acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, hay fotografías y videos que comprueban la participación de los representantes del Estado mexicano en esos crímenes.

Apenas tres meses antes de esos hechos, el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) visitó México, por considerar “alarmante” el número de quejas que ha recibido entre 2007 y principios de 2011. Al finalizar su recorrido, el 31 de marzo, dicho Grupo denunció que en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se habrían cometido unos 3 mil crímenes de lesa humanidad de este tipo; esto es 300 por ciento más que las desapariciones ocurridas durante la Guerra Sucia (1962-1987).

No obstante, la cifra podría ser mayor. Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refieren que las quejas por extravío de personas entre 2007 y 2011 superan las 5 mil. Aunque la dependencia gubernamental no las califica como desapariciones forzadas o involuntarias, defensores de derechos humanos consideran que las posibilidades de que se trate de crímenes de este tipo son elevadas.

Para que un extravío se catalogue como desaparición forzada, se debe demostrar que el civil fue privado de su libertad por agentes del gobierno o por terceros contratados por un agente de gobierno.

En la presente administración panista, los móviles políticos –que durante los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional se enfocaban en guerrilleros y activistas– sí se estarían reeditando. Al menos 32 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han desaparecido forzadamente en el actual sexenio. De éstos, se desconoce el paradero de 20; ocho fueron ejecutados extrajudicialmente y cuatro liberados.

Las cifras negras

El 22 de junio pasado se publicó en el Diario oficial de la federación el nuevo marco legal para castigar a los responsables de estos delitos (Decreto Promulgatorio de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas). Pese a ello, el gobierno de México no parece estar realmente comprometido con el esclarecimiento de estos hechos.

Considerados por el derecho internacional como de lesa humanidad, estos crímenes permanecen impunes, al igual que las más de 1 mil desapariciones forzadas que se registraron en la Guerra Sucia; las de decenas de simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en la década de 1990; y las de cuatro indígenas de la comunidad Viejo Velasco, Chiapas, ocurridas en noviembre de 2006.

A pesar de que las desapariciones podrían llevar al Estado mexicano a un juicio internacional, ninguna de las instituciones del gabinete de seguridad lleva registro de ellos, se desprende de respuestas a solicitudes de información ciudadanas consultadas por este semanario.

El problema tampoco se resuelve en el ámbito local. En cada entidad federativa, son las comisiones estatales de derechos humanos y las organizaciones civiles las que van engrosando sus listas con nombres y datos de las víctimas.

Un caso dramático es el de Coahuila. Los reportes de las autoridades locales refieren 219 denuncias por ese delito. El Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Larios, adsctrito a la diócesis de Coahuila, también tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en la entidad.

En Michoacán, uno de los estados que más ha sufrido la violencia de la supuesta “guerra” contra las drogas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha documentado 165 desapariciones forzadas, ocurridas entre 2010 y lo que va de 2011.

En contraste, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua asegura que su registro de denuncias es de sólo 48 desaparecidos forzadamente entre 2008 y 2010. Las cifras se potencian en Guerrero. Ahí, el Taller de Desarrollo Comunitario ha documentado 1 mil 694 casos de desapareciones forzadas entre 2005 y 2011.

Pero los estados fronterizos del Norte del país no se quedan atrás. A inicios de junio, Leonel Aguirre Meza, presidente de la no gubernamental Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, denunció que en Sinaloa se han registrado 230 desapariciones de civiles en el marco de lucha contra el narcotráfico.

Durango también se suma a los estados con dramáticos registros. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene conocimiento e investiga 176 desapariciones forzadas de personas entre 2009 y abril de 2011. Según sus estadísticas, 89 por ciento de las víctimas son hombres y 11 por ciento mujeres.

De las decenas de denuncias, la CNDH sólo ha informado de 238 casos de desaparición forzada registrados en México desde la década de 1960, según constaría en un informe que su presidente, Raúl Plascencia Villanueva, entregó al Grupo de Trabajo de la ONU el pasado 23 de marzo. Éste es confidencial, pues “contiene averiguaciones previas”, refieren funcionarios de la Comisión.

Militares implicados

En enero pasado, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación informó a Contralínea que, durante una década de gobiernos panistas, tiene conocimiento de 74 presuntas desapariciones forzadas. Al menos 29 de estas investigaciones recaen en juzgados militares.

Se trata de los casos de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera, Rocío Irene Alvarado y 24 personas más, a cargo de la Procuraduría General de Justicia Militar de Chihuahua; y el de Raúl Evangelista Alonso y Roberto González Mosso, en manos del Ministerio Público Militar adscrito a la 35 zona militar de Chilpancingo, Guerrero, que inició la averiguación previa 35ZM/26/201.

Pero éstos no son los únicos crímenes de lesa humanidad en los que se habría probado la participación de militares. El de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez es el único caso reciente de desaparición forzada de luchadores sociales que, a través de la recomendación 7/2009, reconoce la CNDH. También, el único en el que se ha logrado establecer una interlocución con el gobierno federal, con duración aproximada de un año.

Recientemente Gabino Cué Monteagudo, gobernador de Oaxaca, aceptó la recomendación que la CNDH dirigió a la administración de su antecesor, Ulises Ruiz Ortiz. No obstante, la desaparición forzada de los integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), perpetrada el 24 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, continúa impune.

El 21 de abril de 2009, la Comisión de Mediación entre el EPR y el gobierno federal –un grupo de intelectuales creado en 2008 con el objetivo de posibilitar la presentación con vida de estos militantes– dio por terminada su misión ante la “falta de interés, voluntad política y actitud poco atenta” de las autoridades.

“Lo que veíamos era una intención de hacer sesiones, de sacar fotografías, de usarlo en los medios, pero no realmente de resolver el problema”, manifiesta José Enrique González Ruiz, coordinador de la maestría en derechos humanos de la Universidad Autónoma de la Cuidad de México e integrante de la Comisión.

A más de cuatro años de la desaparición de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, no se sabe de servidores públicos o militares a los que se les haya llamado a declarar o fincado responsabilidad; no hay evidencia de avances en la localización de los activistas; tampoco se ha llevado a juicio a los culpables; además, en la investigación de la PGR el delito que aparece es el de privación ilegal de la libertad en su modalidad plagio o secuestro y no el de desaparición forzada.

A decir de González Ruiz, este caso es “simbólico y paradigmático” por lo que “si podemos esclarecerlo y llevar a los responsables ante los tribunales, se puede abrir una rendijilla por la que se cuele la justicia para los demás casos de desaparición forzada en México”.

Desde su creación, en la década de 1980, el Grupo de Trabajo de la ONU ha transmitido al gobierno de México 412 casos. De éstos, 233 (el 57.76 por ciento) siguen sin resolverse; 16 se han discontinuado; 24 se han esclarecido con base en la información proporcionada por los demandantes; y 134, a partir de los informes gubernamentales.

Estos datos “no son representativos de la dimensión del tema en cuestión”, advierte el Grupo de Trabajo en su informe preliminar de su reciente visita a México. “El incremento de nuevos casos admitidos durante 2010 y el gran número de nuevas alegaciones recibidas durante la visita podrían indicar un deterioro de la situación de desaparición forzada en México”.

Del 18 al 31 de marzo de 2001, Jasminka Džumhur, Ariel Dulitzky y Osman El Hajjé, integrantes del Grupo de Trabajo de la ONU, visitaron México. De sus reuniones con autoridades federales y locales, organizaciones de la sociedad civil, organismos protectores de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas confirmaron que el principal reto es acabar con la impunidad “para los delitos en general, y para las desapariciones forzadas en particular”.

A los representantes de la ONU únicamente se les informó de dos sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada en contra de servidores públicos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de apelación. Respecto de las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Sucia, tuvieron noticia de que sólo el 2.5 de los casos investigados resultó en el inicio de una investigación penal; que 20 de éstos fueron consignados ante una autoridad judicial; y que si bien las investigaciones ministeriales continúan, ningún funcionario ha sido sentenciado, detenido o está en espera de juicio.

En su informe de observaciones preliminares, en el que dirige 34 recomendaciones al Estado mexicano, el Grupo asegura que la PGR “no aportó ninguna información específica respecto a las líneas de investigación, los avances significativos en las investigaciones, la posibilidad de nuevas acusaciones y los canales de comunicación con los familiares de las personas desaparecidas forzosamente”.

Para la realización de este trabajo, se solicitó una entrevista con Omeheira López Reyna, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos; con Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR, y con Ricardo Nájera Herrera, coordinador General de Investigaciones de la misma dependencia. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Restricción del fuero militar: “sólo un paso”

El pasado 14 de julio, la Suprema Corte de Justica de la Nación (SCJN) dictaminó la restricción del fuero militar para los casos de violaciones a derechos humanos, que ahora pasarán a los tribunales civiles. La resolución se dio en el marco del análisis de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso de Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario desaparecido por efectivos del Ejército Mexicano el 25 de agosto de 1974.

Organizaciones de derechos humanos y de familiares de desaparecidos celebran el fallo de los ministros: “Un triunfo de las víctimas que durante muchos años han enfrentado la impunidad”. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, señala, sin embargo, que se trata sólo de un paso en la lucha por la verdad y la justicia.

Sergio Méndez Silva, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), asociación civil que acompaña el caso Radilla, explica que recientemente el gobierno de México publicó un libro con la semblanza de la vida del líder comunitario. Sin embargo, “no es un documento que muestre el arrepentimiento o reconocimiento del Estado mexicano para con las víctimas”.

En abril de 2008, el general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien sería responsable de la desaparición de Rosendo Radilla y de, al menos, otros 600 guerrerenses, fue condecorado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), por su “lealtad, patriotismo, abnegación, dedicación y espíritu al servicio de México y sus instituciones”.

Este hecho evidencia la falta de voluntad de las autoridades mexicanas, apunta Méndez Silva. Ahora, los familiares de Radilla Pacheco, entre ellos su hija Tita Radilla, han decidido no recibir el dinero de la indemnización hasta que el Estado mexicano realice una investigación seria y diligente.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la CMDPDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan refieren las acciones que la autoridad debe emprender para que el fallo de la SCJN sea efectivo: que el Congreso de la Unión dictamine la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar a la luz del resolutivo del máximo tribunal mexicano; que Calderón decline la iniciativa de reforma a este código que entregó al Senado en octubre de 2010 y que si presenta una nueva, ésta responda a los estándares internacionales; que la Procuraduría General de la República solicite a los tribunales militares sus investigaciones sobre violaciones a derechos humanos cometidas por militares; y que el tema del fuero militar salga de las discusiones de la Ley de Seguridad Nacional.

Además, exigen a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que califican de “omisa”, que se pronuncie sobre el tema y que en futuras recomendaciones sobre violaciones a derechos humanos perpetradas por militares, “cese su práctica de solicitar que se le dé vista al Ministerio Público Militar, para que sea la autoridad civil la que conduzca las investigaciones”.

De acuerdo con datos de la Sedena, al menos, 216 militares deberán estar sujetos al fuero ordinario. También, comentan las organizaciones de derechos humanos, los elementos castrenses que violaron y torturaron a Inés Fernández Ortega y a Valentina Rosendo Cantú, indígenas me’phaa; así como los que torturaron a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas.

“Crimen organizado, autor del 40 por ciento de las desapariciones”

Tomás Pérez Serrano, director del Programa de Presuntos Desaparecidos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asegura que, en los últimos años, al menos entre el 40 y el 45 por ciento de los casos concluidos está relacionado con la delincuencia organizada.

A la fecha, el organismo autónomo sólo ha emitido cuatro recomendaciones por desaparición forzada. La 26/2001, en la que reconoce la desaparición, durante la Guerra Sucia, de 275 luchadores sociales; la 9/2005, sobre el caso de Alejandro Martínez Dueñas, Jesús González Medina y Gabriel Sánchez Sánchez, quienes fueron desaparecidos el 30 de junio de 2001 por elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia de Colima; la 15/2005, que refiere la desaparición de Luis Verea Falcón perpetrada en 1997 por agentes de la Policía Judicial de Morelos; y la 7/2009, respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez durante un operativo a cargo de militares y policías de Oaxaca.

Ninguna de estas recomendaciones ha sido satisfecha por el Estado mexicano, refiere Tomás Pérez Serrano. “Ninguna de ellas se ha concluido porque no se han alcanzado a cumplir en su totalidad, sino de manera parcial, sus puntos”.

Cuestionado sobre el escaso número de recomendaciones que emite la CNDH en relación con las quejas que recibe (de 2000 a la fecha ha recibido al menos 679 por desaparición forzada) y los casos que demandan las organizaciones no gubernamentales, Pérez Serrano lamenta que sólo en estos cuatro casos se haya podido acreditar fehacientemente la desaparición forzada.

No obstante, asegura que todas las quejas que llegan al Programa continúan abiertas, en tanto se desconozca el paradero de las víctimas. Los casos son radicados en el Sistema Nacional de Información de Personas Extraviadas y Fallecidas no Identificadas, integrado por alrededor de 1 mil expedientes.

A decir de Pérez Serrano, al gobierno mexicano le ha faltado objetividad, un poco de voluntad política, pero sobre todo, plena comprensión de que para que los instrumentos internacionales y regionales en materia de derechos humanos funcionen, se requiere además del consenso de las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno.

El titular del Programa de Presuntos Desaparecidos asegura que con la Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos, promulgada el pasado 9 de junio, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la competencia de su Comité “van a ser más importantes y más de fondo”, por lo que ese y otro temas “se van a empezar a trabajar en su conjunto”.

Los cambios constitucionales favorecerían, asimismo, las investigaciones de desapariciones forzadas. Las restricciones para que la CNDH acceda a los expedientes de los Ministerios Públicos quedarían en el pasado; además, los funcionarios que no colaboren con el organismo autónomo, como los gobernadores que se niegan a aceptar sus recomendaciones, tendrían que responder ante los tribunales, expone Pérez Serrano.

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Michoacán, México: Rojo amanecer ¿Porque parece que la desestabilización en Michoacán no le preocupa a Calderón? ¿Qué otro AS tiene bajo la manga para

A cuatro meses de las elecciones locales en Michoacán, las cosas no parecen cambiar, por más que el gobierno de Calderón sostenga que prácticamente ha desmembrado a lo que se conocía o se conoce como lafamilia michoacana. Y ayer ese estado, tuvo su rojo atardecer.

Michoacán, del náhuatl Michihuahcán (lugar de pescadores) es un gran estado, quienes hemos tenido oportunidad de recorrer su territorio, apreciamos la calidez de su gente y lo incomparable de su paisaje. Siendo un estado que hace frontera con seis estados: Colima y Jalisco al noroeste; Guanajuato y Querétaro al norte; Estado de México al este; al sureste con Guerrero; y suroeste con el Océano Pacífico, tiene complicaciones para combatir a la delincuencia organizada.

Un estado que ha sufrido en los últimos meses ataques contantes a su población; enfrenta a la sociedad ante un fuerte dilema de ejercicio de la responsabilidad cívica en el próximo mes de noviembre.

Michoacán, un estado plural donde la sociedad decidió desaparecer al PRI como su representante en el Senado pues dos de los tres senadores son del PRD y uno del PAN. Sabe cómo ejercer su derecho al voto. Por ello es ridículo, la intención de Felipe Calderón de cabildear la suspensión de las elecciones para renovar gobernador y ayuntamientos en su natal, argumentando que bajo esas condiciones, sería muy peligroso entrar en una contienda electoral que podría terminar con un lamentable saldo rojo y que lo mejor sería consensuar una candidatura única para no ir a elecciones.

El cabildeo con líderes políticos, religiosos y empresariales, no tuvo del todo una buena respuesta, y aunque hasta hace algunos meses era un tema que sólo se conocía en los círculos participantes; finalmente se dio a conocer y los dirigentes de los partidos políticos confirmaron esa hipótesis.

Con la idea de pactar una candidatura única, lo queCalderón pretendía era ejercer de facto un estado de excepción, pues los derechos ciudadanos no se ejercerían y serían las cúpulas partidistas las que, en esta hipótesis determinarían quien es el bueno o la buena.

Recordemos que hace un par de meses Humberto Moreira, Gustavo Madero y Jesús Zambrano se reunieron con el gobernador Leonel Godoy y establecieron explorar la posibilidad de una candidatura común sujeta a la valoración de los tres partidos.

Aunque por fortuna quedó abortada la iniciativa calderonista, lo cierto es que la idea en sí misma es un vistazo a los estados dictatoriales de Centroamérica de los años setentas, donde el dictador ponía y quitaba a los representantes departamentos (gobernadores nuestro país).

Pero el problema no termina ahí, el hecho de que la iniciativa no haya prosperado, no es significación de que no continúen los esfuerzos por desestabilizar a esa región del país; y los resultados están a las luz de día. Ayer la jornada de ataques en Morelia, Zinapécuaro, Pátzcuaro y Uruapan son un ejercicio de que la lucha por el control territorial, contrario a lo que diga el ingeniero mecánico venido a más (Genaro García Luna) no ha concluido, ni se va ganando.

Las preguntas son ¿Porque siendo su estado natal, Calderón no ha movilizado en mayor medida al ejército? ¿O presencia de las fuerzas federales? En realidad es que ¿Sólo se da si el gobierno estatal lo pide? Y ¿Qué hay del michoacanazo? ¿Ya olvidaron que fue la hoy procuradora, Marisela Morales, la operadora de tal ejecución, que por cierto termino en un fracaso y que sólo exhibió a sus operadores? ¿Porque parece que la desestabilización en Michoacán no le preocupa a Calderón? ¿Qué otro AS tiene bajo la manga para querer imponer a su hermana como gobernadora?

Lo cierto es que mientras los michoacanos se preparan para las elecciones, seguiremos viendo un rojo atardecer en ese territorio, lamentablemente para los michoacanos y para todos los mexicanos que vemos herida a esa parte de la patria.

Por hoy es todo, nos leemos la próxima. Carpe diem

López Obrador en entrevista con Aristegui: el acuerdo entre la “Maestra” Gordillo y Felipe Calderón tenía como fin el fraude electoral del 2006, 8 jul

Audio de la entrevista del 8 de Julio 2011:

MVS Noticias

Anabel Hernández: Calderón y sus cómplices

por Álvaro Cepeda Neri

Con sus alternancias y transiciones utópicas, es correcta la imputación de López Obrador de que los sexenios panistas han sido mafias de foxistas y calderonistas. Con la victoria pírrica de Fox y el ilegítimo triunfo, dudoso como el de Salinas, de Calderón, llevaron a sus socios, amigos y familiares a los cargos administrativos, legislativos y judiciales. Y contra la consigna de Carlos Castillo, perdieron el partido (ya en decadencia) y perdieron el gobierno, dedicándose al saqueo (haciéndose de recursos para sus campañas electorales en puerta, echando manos del capital de la banca de desarrollo, mientras buscan desacreditar a sus enemigos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera que escarba en los “ahorros” de funcionarios y políticos).

Juan Camilo, Iván, Mouriño Terrazo –hijo de una millonaria familia española radicada en nuestro país (los Mouriño Atanes, Escalante y Terrazo), y quien había financiado a Calderón desde que ambos se encontraron en la Cámara de Diputados– fue el principal cómplice-amigo hasta que, como a Colosio, desde los pasillos del poder presidencial, lo mandaron matar.

Las historietas Calderón-Mouriño, García Luna-Calderón y otras parejas de Calderón son parte del excepcional libro Los cómplices del presidente, de la reportera Anabel Hernández. En nueve capítulos, una presentación y un índice onomástico (con más de 400 páginas), la periodista amenazada de muerte por el mequetrefe Genaro García Luna (policía improvisado desde el foxismo, protegido de la Sahagún) nos cuenta, con pelos y señales, los intereses creados del calderonismo (la prima-hermana de la esposa de Calderón, una de las cómplices del incendio de la Guardería ABC, protegida y exonerada). Mouriño era el elegido de Calderón para sucederlo, pero, en el camino de la oficina presidencial a la Secretaría de Gobernación, cambiaron los planes (remember Salinas-Colosio), y tras su homicidio, ahora el favorito es García Luna, el temible policía con la pistola amartillada en cuanto escucha la palabra periodista.

Anabel Hernández enfocó su trabajo periodístico en la creciente corrupción que existe (mansión, sospechoso en Francia de depósitos, favoritismo a sus cómplices, montajes televisivos para sus capturas y su cercanía con Calderón más allá de la relación entre un empleado y el jefe, etcétera); y en sus textos del cotidiano quehacer del diarismo, como en sus documentados libros, va del foxismo al calderonismo ofreciendo en los medios periodísticos las mejores aportaciones para que los lectores conozcan de primera mano cómo los panistas resultaron listos para el saqueo, tontos para la administración, estúpidos para gobernar y unas “chuchas cuereras” para los abusos al amparo de la impunidad del manto presidencial. Periodista hasta las últimas consecuencias, reportera incansable, Anabel Hernández no se ha dejado intimidar y continúa el cumplimiento de su deber.

El jueves, dialogo público de Sicilia con Calderón en Antropología

Le Barón, Sicilia y álvarez Icaza.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de casi tres meses de manifestaciones y marchas que culminaron con la caravana a Ciudad Juárez, este jueves 23, a las 10:00 horas, se realizará el encuentro entre el Movimiento Nacional para la Paz que encabeza el poeta Javier Sicilia y el presidente Felipe Calderón en el Museo de Antropología.
El encuentro será público, con una representación de las víctimas de diversos estados, las cuales durante 10 minutos expondrán ante el jefe del Ejecutivo y su gabinete de seguridad la situación de violencia e injusticia que padecen, mientras que en representación del movimiento ciudadano el poeta Javier Sicilia dará a conocer el contenido ampliado de los seis puntos del Pacto para la Paz, que dio a conocer el 8 de mayo en el Zócalo de la Ciudad de México, al finalizar la marcha de tres días que partió de Cuernavaca, Morelos con destino al Distrito Federal.
Desde el 9 de mayo, un día después de la Marcha por la Paz que salió de Cuernavaca y llegó al Zócalo de la ciudad de México, Felipe Calderón lanzó la iniciativa de un encuentro de carácter privado con Sicilia, quien respondió que tendría que ser público, con la participación de las víctimas y en Palacio Nacional.
A partir de entonces se iniciaron las negociaciones con el Ejecutivo federal, quien se negaba a que el encuentro fuera público y en el edificio histórico. Tras diversos encuentros con el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se aceptaron las condiciones propuestas por Sicilia, salvo la sede. El gobierno propuso que fuera en Los Pinos y al final se acordó que será en el Museo de Antropología.
En un comunicado, el movimiento manifestó que urge este diálogo con el jefe del gobierno federal ante la “estrategia equivocada” de la declaración de guerra al crimen organizado que ha costado la vida de 40 mil personas, y los miles de casos de violaciones a derechos humanos en las que se incluyen la desaparición forzada, la tortura y delitos de lesa humanidad, en un contexto de falta de acceso a la justicia y altísimos niveles de impunidad y corrupción.
Señaló que es la primera vez que se tendrá una interlocución oficial con alguno de los Poderes de la Unión y que se expondrán los seis puntos del Pacto de la Paz: dar visibilidad y dejar hablar a las víctimas y sus familias; el fin de la estrategia de guerra actual; acabar con la corrupción e impunidad; actuar contra la raíz económica del crimen organizado; la necesidad de reconstruir el tejido social, y avanzar hacia una democracia participativa y representativa.
Por parte del gobierno federal se espera la participación del gabinete de seguridad, aunque estaba por confirmarse la asistencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, de quien el poeta Javier Sicilia demandó a Calderón su renuncia como señal de que se está escuchando la exigencia ciudadana.

México: La guerra de Calderón... y cómplices

Al levantar el plantón en exigencia de justicia por la muerte de un grupo de jóvenes, entre ellos su hijo Juan Francisco, una de las primeras acciones de la movilización que ha llevado a la Caravana a Juárez y a la firma del Pacto por la Paz, Javier Sicilia leyó un texto, el 13 de abril, en Cuernavaca. Dijo el padre del joven asesinado: "frente a la violencia de todo tipo que se ha apoderado del país, frente a esta guerra mal planteada, mal hecha y mal dirigida, que lo único que ha logrado, además de sumirnos en el horror y el crimen, es poner al descubierto el pudrimiento que está en el corazón de nuestras instituciones, frente a toda esta locura que tiene desgarrado el tejido y el suelo de nuestro país, uno se pregunta: ¿Dónde están los gobiernos y sus poderes, dónde está la clase empresarial de la nación, dónde la Iglesia católica y la otras Iglesias que dicen custodiar nuestra vida espiritual, dónde está la dignidad sindical que dice guardar la nobleza de los trabajadores y dónde los partidos políticos que dicen tener un programa para la nación? ¿Dónde los ciudadanos que abandonándonos al cuidado del pudrimiento de las instituciones no hemos tomado en cuenta la lección zapatista de organizar en asambleas reconstituyentes nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras colonias para crear gobernabilidad? Todos y cada uno de ustedes y de nosotros tenemos graves omisiones y complicidades criminales maquilladas de legalidad que nos han sumido en el caos y, como le dijo el poeta Mandelstam a Stalin, nos hacen ya no sentir el suelo bajo nuestros pies."

Javier Sicilia apeló al sentido de responsabilidad: El gobierno que está mal gobernando este país lo ha hecho porque el resto del país no se lo hemos impedido. No obstante, las voces que piden centrar la culpa sólo en Calderón intentan simplificar la cuestión en una persona o un pequeño grupo, algo así como "la mafia que nos robó la presidencia". La simplificación es un desliz que en el pecado lleva su penitencia.

De los partidos políticos, todos, dijo Javier Sicilia: "Hasta ahora, sumidos en sus intereses, empantanados en sus pequeñas y mezquinas ambiciones ideológicas, mediáticas y electoreras, empeñados en idioteces, lejos de detener esta violencia demencial están despojando a nuestros jóvenes de la esperanza y de sus sueños, y les están mutilando su creatividad, su libertad y su paz.

"Los partidos políticos tienen gravísimas omisiones frente al crimen organizado. Esas omisiones han sido la moneda de cambio para acomodarse aquí y allá, erosionando las instituciones e hiriendo gravemente a la nación. (Cualquier lector de Proceso ha visto esa complicidad con el crimen al menos de los tres partidos más importantes: PAN, PRI y PRD.)

"Los gobiernos, me refiero al ejecutivo y legislativo de la Federación, de los estados y de los municipios, han mantenido impune a una buena parte de la mal llamada clase política porque no han sido capaces de independizar al poder judicial de la política y con ello han protegido intereses y complicidades criminales. (...) Son omisos también porque en nombre de una guerra absurda están destinando presupuestos multimillonarios para alimentar la violencia y, al quitárselos a la educación, al empleo, a la cultura y al campo, están destruyendo el suelo en el que la sobrevivencia y la vida pública tienen su casa."

Ahora que la Caravana a Juárez tiene un documento como punto de partida para discutir cómo parar la guerra, la militarización y la violencia, hay quienes intentan simplificar las cosas: El chivo emisario sería Felipe Calderón y en él se dejarían las responsabilidades de muchísimas personas más que también han jugando su papel en la guerra. Los partidos políticos –todos– tienen cuotas de poder en el gobierno federal, los estatales y municipales. Han dejado que el presupuesto sea destinado a la guerra, que la militarización se verifique en sus estados, bajo gobiernos de todos los colores partidarios. Ningún gobernador se ha opuesto a la estrategia militarista, la han abrazado. Ninguno ha hecho justicia a las víctimas. Incluso Ebrard usa el despliegue público de patrullas y policías como estrategia electoral, con foto en la portada de La Jornada.

Pero la tradición de pedir "juicios políticos" pide uno para Calderón, con lo que darían la oportunidad a los legisladores –a quienes le aprobaron el presupuesto y a quienes no le impidieron sacar al ejército a las calles– de hacer un circo mediático con fines electoreros. La justicia convertida en propaganda electoral es una manera de pelear sus cuotas de poder usando a las víctimas como monedas de cambio.

Y cada uno de los ciudadanos ¿dónde hemos estado? Cada cuál puede contestar "Yo no fui": Los que no votamos porque "yo no participé en esa farsa". Los que votaron por otro candidato porque "yo no voté por él, mi presidente es el legítimo". Los que han votado por el PAN porque "votamos por el cambio", y los elegidos traicionaron a sus votantes. Nunca ha dejado de asombrarme cómo la partidización permite escabullir las responsabilidades y cargarlas al de enfrente: Si los gobernantes panistas destrozan el país, los priistas y los perredistas piden ahora el voto para ellos, escondiendo su complicidad en la destrucción. Pero en los hechos, cuando hay represión, como en Atenco y Oaxaca, y en la contrainsurgencia contra el EZLN y sus comunidades autónomas, vemos a los diferentes niveles de gobierno y a funcionarios de todos los partidos políticos (PRD, PRI, PAN, etcétera) actuar juntos, muy unidos.

Especialmente criticamos la irresponsabilidad del espectro electoral que se reclama de izquierda por su silencio cómplice con los gobiernos de sus partidos, a quienes han llevado al poder con sus votos, pero eximen cada vez que señalan la responsabilidad solamente del PRI y el PAN. La estrategia represiva y criminalizadora contra los pobres en la Ciudad de México fue traída desde Nueva York por Rudolph Guiliani, pagado por López Obrador, y con ella se ha usado a la fuerza pública contra los de abajo para favorecer a empresarios del salinismo, como Carlos Slim, durante los gobiernos de López Obrador y Ebrard. No obstante, los columnistas de ese espectro electoral juzgan al Movimiento por la Paz desde el rasero de si apoya o no a su candidato.

En el discurso varias veces citado dijo Javier Sicilia: "No es posible que en esta nación tengamos al empresario más rico del mundo y a 50 millones de hombres, mujeres, niños y niñas, despojados y sumidos en la miseria. Hoy somos testigos de una guerra entre los gigantes de la telecomunicación, una guerra tan imbécil y absurda como la que vivimos entre el crimen y el gobierno, y ya no sabemos bien si su disputa es por los mercados, por el espectro o por saber quien logra expoliar más a los mexicanos."

Es la guerra que enfrenta a Carlos Slim y su grupo con Televisa- TV Azteca y su grupo. La polarización electoral, en gran medida, gira económica, mediática y políticamente alrededor de esos dos grupos oligárquicos. El discurso de oposición a toda corrupción es bastante poco creíble viniendo de quien es amigo y socio de negocios, en la Plaza Guadalupana, de Carlos Slim y Norberto Rivera: López Obrador. Sin embargo, pretenden que el apoyo a su candidato sea el rasero para considerar a alguien o no de izquierda.

El Movimiento Nacional por la Paz irá al fracaso si no supera la lógica partidaria. Lo ilegítimo no es solamente un hombre en un cargo, llámenle "titular del Ejecutivo" o como gusten. Lo ilegítimo es el régimen, e incluso algo más amplio el Estado garante de los intereses de los más ricos (como Slim) y destructor de los intereses de todos los demás, no solamente por "una mafia" sino por una oligarquía nacional y transnacional cuyos intereses no ha tocado ningún gobierno, ni los del PRD.

Lo que hay que cambiar no es meramente el partido o el inquilino en Los Pinos, sino el entramado social y político entero. De lo contrario, terminaremos con el "voto de castigo" dándole un respiro al sistema: la misma oligarquía con otros actores. El argumento de que sacando a los corruptos y poniendo a una persona honesta en el poder acabaría el problema fue con el que el PAN llegó al poder en 2000. Es un argumento superficial. Lo sorprendente es que quienes pretenden hacer una crítica desde la izquierda sigan viendo desde esa perspectiva decimonónica y sigan en busca del Hombre perdido.

Finalmente, las palabras del discurso citado que se refieren a los zapatistas. El gobierno que firmó su palabra en los Acuerdos de San Andrés y la traicionó no fue solamente un hombre, Zedillo, fueron los tres poderes de la Unión, y en ellos, funcionarios y políticos de los tres partidos: PAN, PRI y PRD, partidos que han estado juntos en la contrainsurgencia. Por ello esas palabras me parecen muy justas, para todos, sin excepciones que poner en una burbuja de pureza: "En 1994, cuando los indios de este país se levantaron en la frontera sur, en Chiapas, con su “Ya basta”, pusieron ante los ojos de la patria la inmensa cantidad de excluidos que las ambiciones, los intereses de ustedes y su luchas cerriles habían ignorado y humillado.

Con ello, nos pusieron también ante los ojos la desgarradura que el tejido de la nación venía sufriendo desde décadas atrás. A pesar de los legítimos reclamos del zapatismo, a pesar de sus propuestas para rehacer un México en el que todos quepamos, ustedes los han ignorado, los han intentado desprestigiar y los han reducido a un cerco militar y mediático. Diecisiete años después, su sordera, y la continuación de sus mezquindades y ambiciones, han provocado que en la frontera norte, en Ciudad Juárez, se haya instalado la violencia, la impunidad y el miedo. Entre esa frontera: la del norte, la de la impotencia, la del pudrimiento de las instituciones y la del imperio de la impunidad y el crimen, y la otra, la del sur, donde resiste, como puede, un puñado de dignidad moral, las familias de este país están quebradas, pero no vencidas; están profundamente dolidas, pero no aterrorizadas, sino indignadas; llenas de esa fuerza moral que los indios y los excluidos de esta nación han sabido comunicarnos."

Negar la responsabilidad de sus líderes, candidatos y gobernantes es algo que iguala profundamente a unos y otros partidos. El Pacto Ciudadano por la Paz no puede partir de esas complicidades.

1. Rodrigo Vera, Proceso, 9 de mayo de 2010. http://www.expresionlibre.org/site2/nacional/noti_2215.php También: www.eldiariodecoahuila.com.mx/notas/2011/3/20/atrio-privado-basilica-223793.asp
2. Para ver completo el discurso citado: http://zapateando2.wordpress.com/2011/04/13/mensaje-integro-que-el-poeta-javier-sicilia-leera-a-partir-de-las-18-horas-de-este-miercoles-13-de-abril-en-cuernavaca/
3. Para leer el documento preliminar del Pacto Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad:http://cencos.org/node/27032

México: Propaganda guerrera

Hasta con los niños Calderón hace propaganda a su fallida “guerra antinarco”.

En una ceremonia del Día del niño este “guerrero sin victoria” soltó a los festejados su infantil rollo: “estamos combatiendo a los malos” ¡Huy que mello! Dijera Carlos Espejel cuando era Carlitos.

Ya en serio, Felipe de Jesús quiere que no se le reclame a él por la situación actual en nuestro “México lindo y podrido”, como si no fuera el responsable de ello, debido a sus bravuconadas y falta de imaginación para combatir (no guerrear) contra el crimen organizado. Este señor no tiene ni la menor idea de lo que es una guerra y menos aún una verdadera, ya que incluso en ésta, hay ciertas normas a seguir y, lo que está haciendo carece por completo de orden y de la más mínima estrategia. Este es uno más de los inconvenientes de tener al frente del país a un individuo que no ganó las elecciones y que en un afán de legitimar su presencia en Los Pinos, se acordó del barrio y pensó que a base de bravuconadas y aspavientos lograría algo que sólo se logrará cuando cambie la manera grosera de hacer política a la mexicana, es decir, cuando los individuos como él no logren penetrar a los salones del mandato en nuestro país.

Cuando se destine a la Educación un mayor porcentaje del Presupuesto, cuando todos los jóvenes en México tengan acceso a la Universidad, cuando los vividores del sistema (diputados, senadores y ministros de la “Suprema Corta”) dejen de cobrar esos sueldos millonarios y desequilibrados, cuando se deje de mantener a los ex presidentes con pensiones absurdas y gastos dañinos a la nación, entonces se podrá invertir en la preparación de los mexicanos para lograr una mayor conciencia de ciudadanos y un mayor compromiso con la sociedad tan desorientada en cuanto al proceder de sus integrantes, quienes creen que la política es sólo un medio de lograr dinero e impunidad.

Las armas son el recurso de los impotentes y en ese papel ha caído Fecal debido a su ignorancia y dependencia de los grupos económicamente poderosos, mismos que le ayudaron a llegar al poder por convenirles así.

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Violencia política

Estado de los ESTADOS
Lilia Arellano

Guerra sucia y declaraciones pendencieras
Apuesta panista juega “el todo por el todo”
Carece PRI de una estrategia contra-ataque
Suman a Moreira a lista de ex gobernadores
“Conago-1”, en la misma estrategia fallida

“La obediencia simula subordinación, lo mismo que el miedo a la policía simula honradez”:
Bernard Shaw

Hay quienes ven a Felipe Calderón desesperado; otros lo observan con gran temor al percatarse de que no está dispuesto a ninguna reflexión y sigue firme en su “guerra contra el narco” y en sus afanes de desacreditar desde todos los ámbitos a un PRI que se ve cada vez más temeroso ante la andanada en su contra; algunos más consideran que detrás de cada acción existe un sobrado respaldo por parte de sus verdaderos patrones: los funcionarios y empresarios de los Estados Unidos.
Lo que no puede pasar desapercibido es que en ese todo, en el que caben incluso los absurdos, existe una estrategia en la que una buena parte del PAN y por supuesto quienes conforman el grupo elite del calderonismo están más que dispuestos a jugarse el todo por el todo y, más aún, cuando cuentan con su aliado del Norte y una cifra multimillonaria de recursos para enfrentar el proceso electoral que realmente les importa, el del 2012.
Salta a la vista que la aprehensión de Jorge Hank Rhon —y los cargos que van imputándosele en el camino a fin de que no exista de momento forma alguna de que pueda obtener su libertad— tienen como propósito desgastar a Enrique Peña Nieto, quien pese a las declaraciones de los dirigentes de su partido acerca de una supuesta lejanía con el Grupo Atlacomulco y muy particularmente con las familia del fallecido profesor Carlos Hank, no puede quitarse el sanbenito de los apoyos económicos para su campaña.
Habrá que recordar que Carlos Hank le disputó al mexiquense la candidatura para la gubernatura y que su retiro por supuesto que tuvo un precio y que ese se pagó y que las complicidades existen en muchos y muy variados terrenos.
Como se ha observado, el escándalo del ex alcalde de Tijuana no logró bajar las preferencias que ciertas encuestas le dan a Eruviel Avila y menos aún lograron subir ni un solo punto a Luis Felipe Bravo Mena, quien, dicho sea de paso, hizo muy bien en practicarse el antidoping y dar a conocer que salió limpio, ya que con tantos errores que comete muchos creían que “andaba pacheco, pachequísimo”.
Esta inamovilidad en los números da la certeza de que nunca se propusieron cambiar los porcentajes de la elección de julio próximo en el Estado de México, sino que el propósito es mantener totalmente desgastado al tricolor e ir mermando la penetración del “copetón” en el electorado con este tipo de estruendos que recorren la geografía nacional.
Porque tampoco es fortuito que en Coahuila, en la tierra que gobernó el líder nacional priísta Humberto Moreira, primero encontraron un arsenal de armas como no se ha visto en ninguna otra entidad. Posteriormente, se descubrieron las narcofosas; se vienen acumulando los señalamientos para que Hacienda investigue a fondo tanto a don Humberto como a su hombre de confianza y actual coordinador administrativo del CEN tricolor, Vicente Chaines Yáñez, porque presuponen que existe una serie de ilícitos cometidos para lograr amasar la inmensa fortuna que les ha permitido contar con empresas en diversas ramas, además de poseer fincas tanto en territorio nacional como en el extranjero, cuyos precios tienen dos dígitos, seis ceros y van en dólares.
La lista de ex gobernadores que pueden ser “tocados” por la estrategia panista crece a diario. Cada comentarista, cada analista, cada columnista presenta la suya, solo que hay nombres que se repiten una y otra y otra vez y todo indica que no son precisamente coincidencias sino filtraciones.
Tal es el caso de Ulises Ruiz y lo que su detención representaría incluso a ojos de organizaciones extranjeras, al igual que el caso del “gober precioso” Mario Marín. Pero también se advierte que otra parte de la misma estrategia de desgaste ubica a los funcionarios estatales para exhibir de cómplices a los gobernadores actuales y jalar al presente el desgaste.
La historia se repite: no les interesa ganar Coahuila sino debilitar al máximo al PRI y el golpe a la cabeza de su dirigencia, seguido del que llegará hasta las entrañas del mandato de Peña Nieto y que será difícil de enfrentar. Las “bolas” han estado más que cantadas y el tricolor no muestra señales de contra-ataque, ni siquiera ante lo dicho por el inquilino de Los Pinos en la Universidad de Stanford, en Palo Alto, California, a donde acudió al cierre de cursos.
Calderón fustigó hasta el cansancio al PRI al que acusó de haber masacrado estudiantes, de desaparecer a opositores, de recurrir a los fraudes electorales y al robo de votos para ganar comicios. Nunca hizo referencia a la manta que sobrevoló durante 15 minutos el espacio aéreo justo arriba de donde él se encontraba y que señalaba “”40,000 dead! How many more?” (¡40,000 muertos! ¿cuántos más?).
Ante todo lo dicho en esa Universidad, los diputados tricolores se limitaron a reprobar la campaña sucia y sostuvieron que Calderón “lo único que siembra es odio y división entre los mexicanos” y le reprocharon que se mantenga obstinado en sostener una guerra contra la delincuencia organizada y se olvide de luchar contra la pobreza, sacrificando el crecimiento y degradando los niveles de vida de la población. Pero nada se atrevieron a decir sobre la presencia del michoacano en una Universidad extranjera, porque en el país ninguna casa de estudios se atreve a invitarlo con el conocimiento pleno de que son los estudiantes mexicanos los que han visto, los que son testigos fieles del empobrecimiento de sus familias, son las víctimas del desempleo, son los que abandonan los estudios porque tienen que enlistarse en cualquier trabajo para ayudar al sostenimiento de sus hogares, porque son los jóvenes sin futuro promisorio y nada se visualiza al término de sus respectivas carreras.
Y así como don Felipe no se atreve a mencionar al PRI sino que deja entre líneas que se entienda que se refiere a ese partido cuando lo califica de “único en sus tiempos”, tampoco los tricolores se lanzan a fondo y llaman al pan, pan y al vino, vino. David Penchyna, vocero del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, hace alusión a que el Partido Acción Nacional apoyó en su momento las acciones que ahora Calderón alude. Pero no mencionó directamente que fueron los diputados panistas quienes más aplaudieron a Díaz Ordaz y el golpe de 1968 y que en esos momentos la dirigencia de ese partido tenía nombres y de entre ellos están los que suman más y más apoyos al calderonismo. Y vaya que hay a quienes señalar de ese partido que por entonces tanto aplaudió que se actuara violentamente porque “¡qué iban a decir en el extranjero de los mexicanos y de nuestro país!”.
Pero ya pueden, mientras no tengan estrategia y suficientes pantalones, desgarrarse la garganta hablando del pasado y justificando acciones, que Calderón ni los ve ni los escuchará y la mejor muestra es que les repitió el numerito, ahora frente a empresarios a los cuales les recordó que las crisis de 1975 a 1980 fueron durísimas y que en 1976 el país se quedó sin reservas y reventó. Y le siguió con 1981 y 82 tiempo en el cual también “reventó” por falta de reservas y que en 1987 la historia volvió a repetirse.
Durante la Asamblea 29 del Consejo Coordinador Empresarial, el michoacano hizo todos esos señalamientos acompañados de visiones muy caseras para concluir pidiendo a los empresarios que le digan qué es lo que ellos harían si estuvieran en la Presidencia, “¿que harían en mi lugar?”, les preguntó.
Ese acto llevó otros mensajes implícitos. Lo acompañaron el titular de Hacienda, Ernesto Cordero; el de gobernación, Francisco Blake; el de la Función Pública, Salvador Vega; la procuradora, Marisela Morales; su esposa, Margarita Zavala, y el gobernador de que recién le mencionábamos tenía o ¿ya no? la espada de Damocles encima: Carlos Lozano de la Torre, de Aguascalientes.
Vea a cada uno de los acompañantes y seguramente encontrará la otra señal, la que lleva a Los Pinos junto con la que marca con quiénes estarán las alianzas y porqué causas.

“Conago 1”

Bajo el nombre clave de “Conago-1”, inició el primer minuto de este lunes el “Operativo Nacional Específico en Contra de la Delincuencia” con el que los mandatarios estatales del país que integran la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) pretenden mostrar a la administración federal que tienen sus propias fuerzas (310 mil efectivos entre policías estatales, policías de investigación y policías ministeriales de los 31 estados y del Distrito Federal) para hacer frente a la delincuencia y la inseguridad, con el propósito de que sean tomados en cuenta por la Federación en el diseño de la estrategia nacional para combatir la inseguridad.
El objetivo, una inútil exhibición de fuerzas estatales, está destinado también a un estrepitoso fracaso en cuanto a la reducción del crimen organizado en el país, pues se inscribe dentro del mismo enfoque estratégico de la guerra irregular contra los cárteles de la droga que declaró Calderón prácticamente al arrancar su gestión, con los fallidos resultados por todos conocidos.
Al anunciar con bombo y platillo el operativo con al menos tres días de anticipación, hace que con toda tranquilidad los delincuentes se preparen para eludirlo, con lo que son los ciudadanos comunes y corrientes quienes sufren las molestias de estas tácticas policiales más propias de un Estado autoritario que de una República que, al menos en el papel, es democrática y representativa. Son los mexicanos de a pie y automovilistas los que resienten la pérdida cada vez más patente de garantías al tener que pasar por dispositivos de seguridad, vigilancia y puntos de revisión, los patrullajes de convoyes, la verificación de vehículos, y personas en las zonas que se les antoje a las autoridades y entre las que destacan por supuesto las salidas de tramos carreteros, aeropuertos, centrales camioneras, sistemas de transporte colectivo, zonas comerciales, zonas habitacionales, tianguis, mercados sobre ruedas, corredores turísticos y calles y avenidas principales.
El mega operativo fue recibido con gusto por el inquilino de Los Pinos, pues responde a su mismo enfoque de atacar los efectos y no las causas de la brutal inseguridad e impunidad que se resiente en México.

De los pasillos

Tantas tonterías en tan poco tiempo sostenidas y refutadas por el titular de la Secretaría de Hacienda, Ernesto Cordero, no pueden ni son obras de la casualidad, responden a un plan mediático preconcebido: darlo a conocer, exponerlo a la crítica y a la burla, y garantizar que de un oscuro burócrata desconocido para el grueso de la población, el ciudadano común y corriente lo reconozca de inmediato, estrategia que ha dado los resultados esperados.
Cordero está expuesto y sirve de pararrayos a Calderón y (¿quien podría apostar en contra?) a su verdadera carta para el 2012. En este contexto se ubica la última declaración del titular de la SHCP, quien descartó que la elaboración del presupuesto 2012, ya en curso, se ve afectada por sus propias aspiraciones presidenciales. Si se sigue el mismo guión, en unas cuantas horas Cordero reculará y se corregirá él mismo.
Tan sólo “una propina” con la “Iniciativa Mérida” es lo que México recibe del gobierno de Estados Unidos en pago a la “sangre, muerte y violencia”, sostuvo el ex presidente Vicente Fox Quesada al señalar que es “tarea de ellos, de que no circule la droga” en territorio estadounidense. El panista subrayó que es corresponsabilidad de Estados Unidos la violencia generada por la guerra contra la delincuencia organizada. El secretario de la Marina-Armada de México, Mariano Francisco Saynez Mendoza, parece que salió a confirmar las críticas en ese sentido al señalar que el presente año será determinante en los resultados al combate al narcotráfico pues, dijo, las fuerzas armadas reforzarán equipo y armamento para poder enfrentar con mayor fuerza a la delincuencia organizada.
El funcionario reveló que México adquirirá a finales del presente año dos aviones Caza 235 de patrulla marina y en breve recibirá cuatro aeronaves y tres helicópteros Black Hawk como parte del Plan Mérida, el cual, agregó, no es determinante para la Secretaría de Marina que, insistió, dispone de sus propios recursos para el combate al narcotráfico.
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional se reunió en Washington como parte del proceso para elegir al sucesor de su ex director Dominique Strauss-Kahan, que renunció tras ser acusado de intento de violación en Nueva York. El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y la ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, fueron seleccionados oficialmente como candidatos para dirigir al FMI.
Todo parece indicar que será la funcionaria gala quien finalmente resulte electa para ese puesto dado los apoyos que ha recibo en los últimos días.
La indignación popular por la inseguridad que prevalece en el país sigue creciendo al mismo ritmo que los daños “colaterales” se van acumulando: un intento de linchamiento de cuatro presuntos delincuentes, entre ellos una mujer, en el poblado de San Lorenzo Acopilco, en Cuajimalpa, DF, dejo un saldo de 18 heridos entre policías, funcionarios de la Procuraduría y delincuentes… Mientras, una persecución y balacera entre soldados y presuntos criminales dejó a tres pistoleros muertos, además del decomiso de armas, en la colonia Topo Chico, en el norte de Monterrey, Nuevo León.. Y la cuenta sigue…
(lilia_arellano@yahoo.com; www.fuego-cruzado.tv; www.estadodelosestados.com.mx)

Cinco casos de detenciones “electorales”

Tras la detención del ex presidente municipal del Tijuana, Jorge Hank Rhon y del ex gobernador de Chiapas, Pablo Salazar Mendiguchía, diversas reacciones se han suscitado respecto a que los fines tienen tintes electorales.

El Economista | Sumado a estos dos casos, otras dos detenciones cobraron relevancia en tiempos electorales, cuando en mayo de 2009, agentes federales detuvieron al candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Greg Sánchez.

El político perredista fue capturado en el aeropuerto de esa ciudad por delitos contra la salud, lavado de dinero y delincuencia organizada, por su presunta relación con integrantes de “Los Zetas” y los hermanos Beltrán Leyva.

Gregorio Sánchez fue investigado por la PGR tras la detección de numerosas operaciones financieras, una denuncia anónima, testimonios de testigos protegidos al detectar una declaración financiera de 1 millón 536,000 dólares.

EL MICHOACANAZO

Un año después, un operativo conjunto entre la Policía Federal y el Ejército Mexicano dio como resultado el hecho conocido como el “michoacanazo”, donde se acusó a funcionarios de ese estado de tener vínculos con el cártel de La Familia Michoacana.

Por tal motivo, se detuvo a 12 presidentes municipales, 8 funcionarios del gobierno estatal, 12 policías, 2 ex directores de seguridad y un juez, además de la persecución del diputado federal electo, Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, Leonel Godoy Rangel.
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Juicio penal internacional contra Calderón et al

Para: Corte Penal Internacional

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran.
Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México).

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras).
Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica:

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma.

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma.

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma.

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma.

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México.
El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables.

Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México).

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI.

Atentamente,

Exhortaría Congreso a Calderón que informe de revelaciones de Wikileaks

• La SSP federal habría ofrecido a EU información de seguridad

Periódico La Jornada

La primera comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su sesión de este martes, analizará un dictamen por el que se exhorta al Ejecutivo federal para que informe “a esta soberanía si se entregaron al gobierno de Estados Unidos informes en materia de seguridad y de combate al crimen organizado, como lo revelan los cables de Wikileaks publicados en el periódico La Jornada”.

Los senadores Ricardo Monreal, del PT, y Luis Walton, de Convergencia, presentaron, el 31 de mayo pasado, sendos puntos de acuerdo solicitando que se convocara a los responsables de seguridad pública a comparecer para informar sobre lo divulgado por Wikileaks en sus cables 98281 y 98138, difundidos por el periódico y en los que se hace referencia a que el actual secretario de Seguridad Pública federal ofreció a autoridades estadunidenses supuesto libre acceso de información nacional e inteligencia en materia de seguridad.

La comisión dictaminadora consideró que la preservación de la seguridad nacional es un asunto constante que resulta en el mantenimiento de la integridad del Estado mexicano y, por tanto, es necesario que las instituciones que lo integran trabajen de manera adecuada para asegurar aquellos elementos que le dan lugar a su existencia; es decir, que se debe actuar adecuadamente para mantener la estabilidad y asegurar las condiciones que hacen factible su permanencia en el tiempo.

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Sedena: compra de armas por 8.6 mil millones

La Secretaría de la Defensa ha comprado armamento por 4 mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Calderón “para operaciones de orden interior y seguridad nacional contingentes o urgentes”. Sin licitar, en breve adquirirá otros 4 mil 690 millones en armas a través del Fideicomiso para Equipo Militar. Estados Unidos, Israel, Bélgica y Alemania, entre los principales proveedores de México, considerada nación pacifista hasta antes del inicio del sexenio de Felipe Calderón

/ Segunda parte

La carrera armamentista del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –iniciada tras su declaración de “guerra” contra el narcotráfico– ha costado al erario, al menos, 4 mil 1 millones 190 mil pesos, revelan informes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Con esos recursos, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha comprado equipo militar, terrestre, aéreo, refacciones y contratado obra pública y servicios de mantenimiento relacionados con ese equipo. Las transacciones se realizaron entre el tercer trimestre de 2007 y el primer trimestre de 2011 por medio del Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar.

Tan sólo de enero a marzo de este año, dicho fondo registró egresos por 171 millones 229 mil 745 pesos, descubre el “Anexo XVI” de los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Según el documento de Hacienda, el dinero se destinó a la adquisición de equipos bélicos.

El negocio de la “guerra” contra las drogas es para las trasnacionales, explica Delio Dante López Medrano, maestro en ciencias penales y académico en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Quienes se benefician son las grandes corporaciones, llámense fabricantes de armas, empresas inmobiliarias, bancos, porque los mafiosos sí tienen dinero en sus casas, pero la mayoría de los recursos no está ahí. Por ello, estos grupos [de beneficiarios] no quieren que cambie la situación [de violencia]. Desafortunadamente, los grandes corporativos son los que controlan, incluso, los congresos.”

Las compras de armamento para contrarrestar la “presión mediática” nacional e internacional –que apunta que los cárteles de la droga tienen mayor capacidad de fuego que las autoridades– no son la única vía para equipar a los militares: la Sedena también produce armas largas y cortas y recibe equipo de campaña de Estados Unidos en el contexto de la Iniciativa Mérida.

Tan sólo en 2011, la Cámara de Diputados aprobó la asignación de 65 millones 701 mil 62 pesos para su propia producción, refiere la dependencia por medio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

El doctor en derecho Daniel Márquez, investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que los narcotraficantes no poseen mejores armas. “El Ejército Mexicano, como cualquier ejército del mundo, cuenta con una significativa capacidad de fuego. Tiene equipo de todo tipo, de marcas israelíes, estadunidenses, checoslovacas, rusas. Además, la Defensa trabaja en un fusil experimental de asalto”.

Agrega que “hay una diferencia sustantiva entre el potencial de fuego: mientras el delincuente tiene que confiar en lo que lleva en su cajuela o en su cinto, el Ejército cuenta con aparatos logísticos que lo pueden surtir tanto de armamento como de municiones constantemente. Hay dos herramientas sustanciales para un ejército en un campo de batalla, la estrategia, es decir la planificación de la campaña, y la logística, esto es que la tropa cuente con todas las herramientas y suministros necesarios para su labor: desde alimentación, salud, comunicaciones, hasta materiales de guerra. Si hablan de potencial de fuego, a menos que digan que La Familia, Los Zetas o los Beltrán Leyva son un ejército, esto es una falacia”.

Compras multimillonarias

En 2011, el gasto de la Sedena en armamento podría alcanzar 8 mil 691 millones de pesos. Y es que el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada –en su papel de fiduciario– resguarda 4 mil 690 millones en el Fideicomiso, disponibles para las “contingencias” de la milicia en el contexto de la “guerra” contra el narcotráfico.

De acuerdo con los manuales de la Secretaría, las nuevas órdenes de compra de armas y equipo bélico las dará el subsecretario de la Defensa, general de División Diplomado de Estado Mayor Carlos Demetrio Gaytán Ochoa. Pese a los montos implicados, ninguna se licitará: todos los contratos del Fideicomiso se “justifican” como de seguridad nacional con carácter “contingente o urgente”.

Ante estas características, la Auditoría Superior de la Federación señala opacidad en el manejo del dinero público. En su revisión a la Cuenta Pública 2009, por tercera ocasión indica que no se garantiza cantidad, calidad ni precio en las compras y en los servicios que la Sedena contrata por la vía fiduciaria.

No obstante, la Secretaría de la Defensa –a través de su Dirección General de Comunicación Social– refiere a Contralínea que, justamente por su carácter de urgentes, los contratos del Fideicomiso, sean para compras o servicios, no se pueden retrasar con procesos burocráticos, como las licitaciones públicas.

Con una aportación inicial de 44 millones 928 mil pesos, el 13 de junio de 2007 se constituyó el Fideicomiso. En ese mismo ejercicio le fueron transferidos otros 1 mil 190 millones 332 mil. De junio a diciembre de ese año, sus gastos ascendieron a 85 millones 414 mil pesos.

En 2008, se le depositaron 781 millones 994 mil mientras que se gastaron 1 mil 105 millones 746 mil pesos, indican los reportes de la Secretaría de Hacienda. Un año después, los egresos ascendieron a 1 mil 536 millones 187 mil; y ya para 2010, sumaron 1 mil 102 millones 611 mil pesos.

Datos de la Sedena refieren que las adquisiciones de armamento y equipo se concentran en municiones (la mayoría, compradas a las empresas Defense Technologies y Eurosports), granadas (Colt Defensa), carabinas (FN Herstal) y vehículos (Humvee y Town and Country).

El doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, explica que “no existe ninguna experiencia internacional en la cual únicamente centrándose en la parte reactiva policial, y sobre todo con la participación del Ejercito únicamente, se pueda reducir de manera importante el problema [del narcotráfico]. Por más cobertura e incluso por más número de elementos que se tengan por parte de las corporaciones militares, la estrategia es insuficiente. Así ha sido en el caso de Ciudad Juárez, donde a pesar de que se han enviado cientos o miles de militares y policías federales, la seguridad no está aumentando, mientras la violencia sí”.

Proveedores de armas

Al igual que el presupuesto ya ejercido, los más de 4 mil 600 millones del Fideicomiso favorecerán la industria bélica mundial. A cambio de la multimillonaria suma, México ­–otrora nación pacifista que cuenta más de 40 mil civiles asesinados­ en lo que va de este sexenio– recibirá más armas para su “guerra”.

Las proveedoras de la Secretaría de la Defensa, que encabeza el general Guillermo Galván, son las estadunidenses Eurosports, Llc; Colt Defense Llc; Alliant Tech Systems, Inc; Bushmaster Firearms International, Llc; Combined Systems, Inc; Federal Laboratories and Armor Holdings, Inc; Hill Country Wholesale, Inc; Mil-Spec Industries, Corp; OF Mossberg & Sons, Inc; Smith & Wesson; Winchester Division Olin, Corp.

Otras corporaciones que surten de armas a este país son las belgas Browning, SA; Fabrique Nationale Herstal, SA; las alemanas Carl Walther, Gmbh; Heckler & Koch, Gmbh; las checas Ceska Zbrojovka, AS; Sellier & Bellot Trade, AS; Kroko, AS; las españolas Comlanber, SA; Nobel Sport España, SA; Uee Cartucheria Deportiva, SA; las italianas Fabbrica D’ Armi Pietro Beretta, SPA; Rizzini, SRL.

Además, la brasileña Forjas Taurus, SA; la uruguaya Glock America, SA; la turca Hatsan Arms Company; la israelita Israel Weapon Industries, Ltd; la canadiense Mancom Manufacturing, Inc. Así como tres empresas radicadas en México: Cascade Cartridge Internacional, SA de CV; Industrias Tecnos, SA de CV; y Productos Mendoza, SA de CV.

El investigador José María Ramos considera que México sí vive una carrera armamentista. “Hemos podido identificar que en esta administración se ha incrementado el número de armamento, especialmente para el Ejército, la Marina y la Policía Federal. Aquí la pregunta es si eso ha sido eficaz, si eso ha generado mejores resultados, porque los indicadores están a la vista”.

El académico de El Colegio de la Frontera Norte refiere que, aunque se diga que el armamento se utiliza para detener a los grupos delictivos, una parte de los más de 40 mil civiles asesinados en lo que va de este sexenio se ha producido por esas armas. Por ello, Ramos considera necesario saber cuántos inocentes han muerto con ese armamento que se está comprando masivamente.

Las autoridades federales intentan justificar la adquisición del material bélico con la capacidad de fuego que se le atribuye a la delincuencia. Sin embargo, el investigador considera que el problema de esta “guerra” es que solamente se fortalece la parte policial, reactiva, y se dejan de lado la investigación, la ciencia, la coordinación interinstitucional y la estrategia conjunta; elementos que, en el mediano y largo plazo, dan mejores resultados.

José María Ramos dice que tener mejores armas no reduce la violencia ni somete al crimen organizado; tampoco hace que los ciudadanos se sientan seguros. “Por el contrario, los ciudadanos en este contexto se sienten mucho más inseguros”.

Diseminación del armamento

Una vez que llegan a México, las armas se diseminan por todo el territorio nacional. En 2010, las 32 entidades federativas pagaron a la Secretaría de la Defensa Nacional 715 millones 232 mil 562 pesos por concepto de anticipo para la adquisición de armamento.

El oficio 0001351 de la Sedena –fechado el 22 de marzo de este año y elaborado como respuesta a una solicitud ciudadana de información– revela que el Distrito Federal es la entidad que más invirtió en armas, al haber dado un anticipo por 220 millones 547 mil 673 pesos, que equivale al 30.8 por ciento del gasto conjunto.

Mientras, el anticipo de Chihuahua, considerado uno de los estados más conflictivos del país, ascendió a 25 millones 57 mil 886 pesos. La entidad que menos dinero destinó a ese concepto fue Tlaxcala: 786 mil 485 pesos.

Además de las adquisiciones por estados, el año pasado el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron 106 armas a la Sedena: el primero, 40, y la segunda, 66.

Para Samuel González Ruiz, doctor en filosofía del derecho y académico en la Facultad de Derecho de la UNAM, “el mayor error que cometió este país fue dotar de armas de alto poder a policías municipales no capacitados ni certificados”.

El extitular de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR dice que “eso explica parte del incremento de la violencia. Si yo soy un delincuente y me voy a encontrar con policías municipales que tienen AK-47, ¿qué voy a hacer de manera inmediata? Subir el nivel de armamento, porque ésa es mi reacción natural. Si yo sé que me voy a encontrar con un enemigo que tiene un arma de un poder uno, yo voy a tratar de tener un nivel dos; y si él sube a dos, ¿qué voy a hacer? Subirle a tres o cuatro”.

González Ruiz observa otro riesgo intrínseco en lo que califica como “uno de los errores fundamentales de la estrategia”: los policías municipales que “trabajan” para los delincuentes pueden estar transfiriendo las armas a los grupos criminales.

Además de ello, la Secretaría de la Defensa reporta que entre 2007 y 2009 sus integrantes perdieron por extravío o robo 7 mil 929 armas: en 2007, 3 mil 536; en 2008, 2 mil 321, y en 2009, 2 mil 72.

Ciudadanos se arman

El maestro López Medrano refiere que cuando un país entra en una espiral de violencia, el siguiente paso de facto es que la gente se empiece a armar, hecho que ya ocurre en México. “La primera función del Estado es la seguridad pública y cuando la incumple, empezamos a encontrar que los grupos delictivos tienen muchísimas y mejores armas y que el Estado cada vez adquiere más y más sofisticado armamento. Esto nos ha colocado a los ciudadanos justo entre estos dos extremos: por una parte, el Estado abusivo porque permanentemente violenta nuestros derechos fundamentales y, por otro lado, la delincuencia cada vez más agresiva”.

Ante los escenarios de violencia, Dante López observa que el ciudadano piensa en armarse como ya está ocurriendo. “Ése es el camino. Y esta ruta no tiene regreso. Lo que está ocurriendo entre las bandas o los grupos antagónicos al final de cuentas es que se está generando un camino de la venganza. Yo cada vez soy más violento y te exhibo en video y el otro le contesta cada vez de manera más violenta”.

No obstante esos riesgos, la agenda política del actual gobierno continúa privilegiando la estrategia de la represión, incluso con presupuestos fuera del que aprueba anualmente el Congreso.

En el caso de la Sedena –principal institución encargada de “combatir” al narcotráfico–, la Cámara de Diputados ya ha cuestionado las transferencias millonarias a favor del Fideicomiso.

En sus reportes La política de gasto público en la cuenta de la hacienda pública federal correspondiente al ejercicio fiscal 2007 y 2008, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala los incrementos millonarios en el presupuesto de la Sedena.

En el análisis 2007, refiere que “la Secretaría de la Defensa Nacional erogó un monto 5.7 por ciento mayor al aprobado, que se explica por aportaciones no programadas al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar, adquisiciones diversas, y mantenimiento, rehabilitación y remodelación de instalaciones”.

La ampliación neta no programada en el Presupuesto de Egresos 2007 ascendió a 1 mil 956 millones 500 mil pesos, y fue atribuida a “las aportaciones no programadas al Fideicomiso; adquisiciones superiores de materiales de construcción, combustibles, prendas de protección y víveres, y diferencias tarifarias en servicios básicos, así como la compra de equipo de transporte terrestre, aéreo y de comunicaciones en el marco del Sistema Integral de Vigilancia Aérea; la rehabilitación de las bases aéreas militares II de Oaxaca y V de Jalisco, y la remodelación de 12 centros regionales de mando”.

En 2008, indica el Centro de Estudios, la ampliación fuera de presupuesto fue por 2 mil 261 millones 400 mil pesos. La Sedena justificó el gasto extra como “aportaciones al Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar; construcción de ocho plantas de tratamiento de aguas residuales e instalaciones complementarias de seis viveros forestales militares; adquisición de armamento, uniformes, equipo médico, de comunicación y víveres; renovación de vehículos terrestres; aumento en las tarifas de servicios básicos, de informática, y de conducción de señales analógicas, asesorías y gastos de mantenimiento y conservación de inmuebles”.

Samuel González Ruiz pregunta: “¿El costo que estamos pagando es muy alto para los resultados obtenidos?”. De inmediato responde: “Sí. Porque no han visto [las autoridades] que la estrategia tiene que ser dada de manera integral. De manera integral quiere decir todo, visto desde una perspectiva global. El proceso que estamos siguiendo en el país no puede dar resultados mientras no generes estrategias desde el punto de vista social y de la parte financiera. Las 53 sentencias en esta materia [lavado de dinero] son poquísimas, y si las vas a ver, ¿quieres que te diga de qué se tratan? Solamente de tráfico de dinero en efectivo en los aeropuertos, es decir que están pegando todas [las estrategias] a la cadena más baja de la estructura y con eso no vas a desbaratar las organizaciones [criminales]”.

Daño patrimonial por 44 MDP en Sedena
La Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) habría incurrido en un daño al erario por 44.4 millones de pesos relacionado con el contrato para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Los recursos fueron erogados por el Fideicomiso Público de Administración y Pago de Equipo Militar entre 2008 y 2009.

Las supuestas irregularidades están relacionadas con el contrato FAM 2050/I/2008 para el mantenimiento de cinco helicópteros en Rusia, que involucró recursos públicos por 184 millones 236 mil 700 pesos, revela la ASF.

De su Informe de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, se desprende que el costo original del contrato ascendió a 147 millones 985 mil 400 pesos; pero, posteriormente, tuvo sobrecostos que superaron los 36 millones de pesos, pagados con recursos del Fideicomiso.

Las anomalías detectadas por la ASF habrían costado al erario, además de los 36 millones 251 mil 300 pesos por sobreprecios, 8 millones 187 mil 700 pesos por penalizaciones no cobradas a la empresa rusa Volans, con la cual se dio la relación contractual.

Como lo informó la columna Oficio de Papel el pasado 14 de febrero, las autoridades militares enfrentaron también una investigación del Órgano Interno de Control porque los helicópteros jamás fueron enviados a las instalaciones rusas de la empresa Volans.

La ASF indica que el contrato se firmó el 22 de septiembre de 2008 y tuvo como objeto la adquisición de servicios de reparación mayor de cinco helicópteros por un importe de 147 millones 985 mil 400 pesos (del cual, en el ejercicio 2009, se erogó un importe de 121 millones 353 mil 400 pesos).

En la cláusula octava, agrega, se estipuló que los servicios se realizarían en una planta reparadora ubicada en Rusia y que los helicópteros tendrían que ser entregados con el servicio aplicado en un tiempo que no excedería del 10 de julio de 2009.

No obstante, indica, “la Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana con el oficio ADQ-262/840 del 9 de enero de 2009 determinó técnicamente que, por cuestiones de seguridad nacional y debido a diversa problemática que se ha presentado para el cumplimiento de contratos de servicio para este tipo de material de vuelo en talleres certificados fuera del país, no era conveniente que la reparación de los helicópteros se realizara en las instalaciones de Rusia, por lo cual consideró que se estableciera comunicación con el proveedor a fin de que la reparación se realizara en México para prevenir un probable incumplimiento por causas de fuerza mayor”.

El cambio de planes en la Sedena costó 36 millones 251 mil pesos más a las finanzas públicas. Según la empresa Volans, el sobrecosto se derivó de la subcontratación de una planta reparadora en Ucrania, pues su planta rusa no podía realizar los trabajos en México.

Los gastos extras se justificaron de la siguiente forma: por la cancelación del contrato original con la planta reparadora ubicada en Rusia y la ubicación del personal técnico en México durante ocho meses, Volans facturó otros 756 mil 800 dólares, equivalentes a 10 millones 564 mil 900 pesos a un tipo de cambio de 13.96 pesos por 1 dólar del 31 de diciembre de 2009.

Por la transportación aérea de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos); por la transportación marítima de los componentes mayores de México-Ucrania-México, 240 mil dólares (3 millones 350 mil 400 pesos); por el envío de la herramienta especializada y equipo rentado que se utilizaría para la reparación de los helicópteros de México-Ucrania-México, 400 mil dólares (5 millones 584 mil pesos); y por la compra de material y fabricación en México de equipo y contenedores para la transportación segura de los componentes que fueran enviados a reparación a Ucrania, así como el personal mexicano contratado, 600 mil dólares (8 millones 376 mil pesos).

De acuerdo con la ASF, la Sedena no cuenta con evidencia de las investigaciones de mercado que demostraran que no existían ofertas de proveedores nacionales o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio respecto de los servicios en cuanto a cantidad, calidad y precio.

Al respecto, la Secretaría señaló a los auditores “que no se realizó la investigación de mercado que se alude en la observación, en razón de que no se trató de una licitación pública, sino de un procedimiento de invitación a cuando menos tres personas”.

Para la Auditoría Superior, esto habría contravenido el artículo 43, fracción V, de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

El máximo órgano fiscalizador también señala que se incumplió con la fecha de entrega de tres helicópteros establecida en el contrato (10 de noviembre 2009). La Dirección General de Administración (DGA), detalla, conocía del atraso en la entrega de los servicios desde el 11 de noviembre de 2009, por lo cual tenía la obligación de cobrar penas convencionales (1 por ciento por cada día de atraso). “Sin embargo, al ordenar que se realizara el pago final de esos tres helicópteros no se previó que se retuviera la pena convencional al proveedor por la entrega extemporánea que le correspondía”.

Mientras que la ASF determinó que las penas convencionales ascienden a 636 mil dólares (8 millones 187 mil 700 pesos); la Sedena sólo aplicó sanciones por 422 mil dólares (5 millones 174 mil 800 pesos). Ninguno de los dos montos fue recuperado porque el proveedor solicitó su cancelación el 27 de mayo de 2010; y aunque habían transcurrido seis meses de la fecha de entrega pactada, “dicha penalización se encuentra en análisis por el área jurídica de la DGA”, dice la Sedena.

La Auditoría Superior notificó al Órgano Interno de Control las anomalías. Expediente que, según indicaron fuentes de la Secretaría de la Función Pública a la columna Oficio de Papel, ya habría sido cerrado sin fincar las responsabilidades correspondientes.

El mercado negro de las armas

La operación emprendida por el gobierno de Estados Unidos para traficar de forma ilegal armas a México, llamada Rápido y Furioso, descubrió el doble discurso del principal promotor de la “guerra” contra el narcotráfico. Además, reveló el rampante tráfico de armas que se comete en la frontera más vigilada del mundo.

Para el doctor José María Ramos, investigador en El Colegio de la Frontera Norte, “desafortunadamente en los últimos años se ha agudizado el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México”.

A pesar de la gravedad del problema, que ya ha creado un mercado negro de armas, Ramos observa que el gobierno estadunidense y, sobre todo, algunas autoridades centrales, con su aval o no, “vienen implementando ese tipo de operativos para supuestamente instrumentar mecanismos de inteligencia y tratar de desarticular a los distintos grupos delictivos de drogas y tráfico de armas”.

Sin embargo, dice, “la pregunta concreta es si este tipo de mecanismos eran los mejores o si, sobre todo, podrían garantizar resultados precisos en lo que se proponían que, básicamente, era tratar de identificar a grupos delictivos asociados a este tipo de problemas. Desde mi perspectiva, es una política errónea porque lo más importante era haber desarrollado una tarea de inteligencia y de investigación eficaz. Sin embargo, se trató por otro mecanismo que fue totalmente ineficaz y que coadyuvó a que el problema de las armas se incrementara”.