Cada día se hunde más en un profundo agujero. Ese agujero se ha convertido en una tumba masiva para miles de mexicanos, principalmente jóvenes.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, un estudiante que protesta a favor de la paz es baleado por la Policía Federal. Fotos de sus intestinos saliendo de su vientre roto circulan en Internet, consternando a la ciudad más sangrienta del mundo.
En Matamoros, Tamaulipas, las escuelas cierran luego que sus autoridades reciben amenazas de bombas. Los periódicos tímidamente informan que las amenazas “podrían estar relacionadas” con la venganza del Cartel del Golfo por el asesinato de uno de sus líderes, Tony Tormenta, en una operación militar días antes. El Presidente Obama llama al Presidente Calderón para felicitarlo por abatir al señor de la droga. Las autoridades mexicanas predicen una nueva ola de violencia en el estado, a medida que los Zetas avanzan para disputar el control del debilitado Cartel del Golfo.
Ya sea que se mida por el aumento en la seguridad pública, por una reducción en el abastecimiento de drogas al mercado de Estados Unidos, o por el desmantelamiento de organizaciones que trafican drogas, la guerra contra las drogas está fracasando.
Ya van cuatro años desde que el Presidente Felipe Calderón anunció la ofensiva envió decenas de miles de soldados a las calles. Los resultados son un record de 37.000 homicidios relacionados con la droga hasta ahora y miles de quejas por abusos a los derechos humanos por parte de la policía y las fuerzas armadas.
El arresto de cabecillas de las drogas y figuras menores han despertado guerras territoriales violentas, sin ningún efecto notable en los flujos de ilícitos. El asesinato de políticos, amenazas a civiles e interrupción de la vida diaria han hecho crecer la espiral descendente.
Nada de esto debería resultar sorprendente. Aunque la Secretaria de Estado Hillary Clinton ha exhibido el Plan Colombia como modelo para México, la guerra contra las drogas tampoco resultó allí. Una década completa y 7 billones de dólares luego que comenzó el Plan Colombia, la producción regional de droga permanece estable y grupos paramilitares más pequeços han reemplazado a los grandes carteles como traficantes. Algunos crímenes violentos, tales como secuestros, han disminuido, pero la corrupción se ha profundizado con cantidad de representantes del Congreso bajo investigación, juicios y sentencias por sus relaciones con paramilitares.
La militarización, con una combinación de su razón de ser en la guerra a las drogas y la contra-insurgencia han dejado a Colombia con el peor record en derechos humanos del hemisferio. Se han afectado las relaciones dilomáticas, ya que muchas naciones vecinas ven en la presencia militar de Estados Unidos y su involucramiento en la guerra a las drogas de Colombia como una amenaza a la auto-determinación de la región.
A pesar de estos resultados, la administración Obama ha anunciado planes para extender indifinidamente la Iniciativa de Mérida, diseñada por la administración Bush para durar tres años y costar 1.3 billones de dólares. La Administración ha solicitado 282 millones de dólares para México bajo esta Iniciativa en el presupuesto para el 2012. El problema es que a la guerra contra las drogas no le faltan fondos, sino que no puede ganarse.
Mientras exista un mercado lucrativo, los carteles encontrarán la forma de servirlo.
Eliminar operativos e incluso líderes de alto nivel simplemente diversifica y redistribuye el negocio. Los carteles tienen años de experiencia construyendo estructuras flexibles, con nuevos líderes o pandillas rivales reemplazando a otras desplazadas o debilitadas. En los niveles inferiores, reclutan de una fuente inagotable de jóvenes con pocas perspectivas en su vida, que han adoptadeo el lema: “Mejor morir jóvenes y ricos, que viejos y pobres”.
Si la guerra contra las drogas no puede ganarse, ¿significa esto que debemos resignarnos al poder sin freno de los carteles de la droga?
No. La otra tragedia de la guerra contra las drogas es que excluye estrategias más efectivas, apareciendo como la única opción. Mientras el gobierno de Estados Unidos gasta millones de dólares de sus contribuyentes para pagar firmas privadas estadounidenses de seguridad y defensa para “arreglar” México, no ha hecho casi nada para enfrentar las partes del crimen ortanizado que existen dentro de sus fronteras –demanda, transporte y distribución, oficiales corruptos, tráfico de armas y lavado de dinero.
Repensar la guerra contra las drogas no es sinónimo de rendirse. He aquí unos pocos elementos de una estrategia alternativa:
Seguir el dinero. En vez de tiroteos callejeros, podría hacerse mucho más en ambos países para atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. Billones de dólares son lavados en instituciones y negocios financieros importantes. Si somos serios sobre querer debilitar al crimen organizado, es hora de ser serios para detener los flujos financieros ilícitos – aún cuando se afecten intereses poderosos.
Aumentar los fondos para la prevención y tratamiento del labuso de drogas. Encarar el uso ilegal de drogas como un problema de salud es una estrategia ganadora. La educación enseña a la gente joven los costos de la adicción y el abuso, y el tratamiento y programas de reduccion de daños pueden mejorar vidas y reducir costos a la sociedad, así como reducir la deanda de sustancias ilícitas.
Terminar con la prohibión, comenzando por la marihuana. Sin los billones de dólares de ganancias que proporciona la marihuana, los carteles de la droga tienen menos recursos para reclutar jóvenes, comprar armas y corromper políticos.
Dar a las comunicades un rol, además del de “víctimas”. A medida que fondos mexicanos y ayuda de Estados Unidos han sido destinados a la guerra contra las drogas, los programas sociales en México han sido severamente recortados. Esto es exactamente retroceder. Las comunidades fuertes – con empleos abundantes, oportunidades educativas y cobertura de necesidades y servicios básicos- son más capaces de resistir lal infiltración del crimen organizado.
A la estrategia de la guerra contra las drogas le faltan hitos o cualquier análisis real de las causas de raíz de la violencia. Cada día se hunde más en un profundo agujero. Ese agujero se ha convertido en una tumba masiva para miles de mexicanos, principalmente jóvenes.
La Administración Obama ha anunciado planes para intensificar la guerra contra las drogas en México y extender el modelo a naciones de Centro América y el Caribe. El Congreso parece deseoso de aprobarlos. Esto introduciría una nueva era de relaciones conducidas por los militares con nuestros vecinos latino-americanos y desataría conflictos violentos en esos países, como lo ha hecho en México.
Si esto ocurre, historias de horror como las de Ciudad Juarez y Matamoros tristemente se convertirán en la norma más que en la excepción.
Laura Carlsen es Directora del Programa de las Américas del Center for International Policy en la Ciudad de México, www.cipamericas.org.
Traducido por Maria Etchart.
