Autor: Trabajo Conjunto | |
4 octubre 2011
Debido a “problemas técnicos” en la credencialización de la Cédula de Identidad Ciudadana, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal entabla relaciones con el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar un software que permita la toma biométrica: huellas dactilares y del iris, de la población mexicana menor de 18 años. Uno de los posibles proveedores de este equipamiento tecnológico para la casa de estudios es Cosmocolor, invalidada en el primer proceso de licitación. Con ello, la empresa de Jorge Kahwagi podría obtener indirectamente un contrato que perdió en 2009
Érika Ramírez/Ruth Roque
El Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) se encuentra en negociaciones con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para afianzar el proceso de enrolamiento de la Cédula de Identidad Ciudadana. Al organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) le urge recabar los datos personales, huellas dactilares y la lectura del iris de todos los ciudadanos menores de 18 años.
Convenio con el IPN
—Hay una pequeña diferencia por los tiempos de transmisión. Una cosa es registrar y otra es que lleguen [las credenciales]. Hay que recordar que algunos de los equipos están en zonas rurales… O a lo mejor en urbanas, pero el enlace no está bien. Hay una serie de problemas, una pequeña merma.
—¿Cuántos niños cuentan ya con su cédula?
—No tengo el dato.
—Tengo entendido que son 400 mil.
—No cuento con esa información; no lo podría decir. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos para que todos los niños que han hecho su registro tengan su credencial.
Alonso y Coria asegura que “se está buscando mejorar el plan al llevar a cabo un número importante de acciones para optimizar nuestros procedimientos. Un proyecto de esta naturaleza requiere de una revisión permanente, constante, diaria”.
Uno de los problemas actuales del proceso de la CIC, comenta, es que debe desarrollar un soporte lógico en las propias maletas (equipo portátil), “un software que captura, procesa y eventualmente manda la información; la tecnología luego hace sus diabluras y tenemos que tener un registro de qué pasó”. A final de cuentas, añade, “quien debe tener el control es el Estado mexicano. En ese sentido, se está trabajando para el desarrollo de un programa informático con el IPN. Es una institución estatal financiada con dinero público. Entre sus objetivos, además de la educación, está la parte de investigación [científica] y desarrollo tecnológico”.
Los vínculos con el IPN
De las relaciones con el Instituto Politécnico Nacional, indica, se plantea una “solución integral”. Ésta tiene que ver con el desarrollo de sistemas y capacitación. También se tienen contemplados la generación de 3 mil puntos de recabación adicionales, “que son maletines para la captura del biométrico de los muchachos y el soporte que se requiere para toda esta operación”.
El director del Renapo añade que “es una solución que le conviene al Estado, a éste le favorece tener un insumo que le es necesario y se beneficia con soberanía sobre el aparato tan importante o la situación. Instrumentos tan valiosos que permiten [obtener] la información confidencial de los niños, sus datos personales”.
—Tenemos entendido que Cosmocolor también participa en este proyecto –se le cuestiona.
—El convenio que estamos por concluir con el Politécnico Nacional tiene una vinculación con los distintos proveedores de los diferentes equipos. Hay una serie de dispositivos que deben ser integrados y quien los completa es el Politécnico, que lleva esa relación, no la Secretaría de Gobernación.
Alonso y Coria niega que hasta el momento el acercamiento con el IPN haya generado algún tipo de gasto del presupuesto.
Contralínea solicitó una entrevista con Luis Villa Vargas, director del Centro de Investigación en Computación del IPN, área encargada de desarrollar el software para el Renapo. La solicitud se realizó a través de la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que encabeza José Arnulfo Ramírez Cordero, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.
Gestiones para Datacard-Cosmocolor
Una carta emitida por la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con copia en poder de Contralínea, muestra la promoción realizada por esta entidad gubernamental para que Datacard sea “considerada” como uno de los posibles proveedores del Renapo. Datarcard tiene como distribuidora en México a Cosmocolor.
Regina Gándara Mendoza, entonces encargada de la Dirección General de Promoción Económica Internacional, es quien firma el documento DGPEI-00399, fechado el 17 de febrero de 2009. En éste solicita al oficial mayor de la Segob, Abel Ignacio Cuevas Mel, una reunión con los ejecutivos de Datacard para “conocer los servicios que esta empresa podría ofrecer para la implementación de un programa de identificación en el Registro Nacional de Población”.
Para ese encuentro, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2009, ya se había confirmado la presencia del entonces director general del Renapo, Carlos Raúl Anaya, con los directivos de Datacard, Leonard W Levine, asesor decano del presidente; Zeca Peris, director de servicios de consultoría; y Joe López, director de Ventas para la Región de América Latina y el Caribe.
Datacard y Cosmocolor, los aliados
Cosmocolor inconforme
Observaciones de la ASF, pendientes
Niños, sin protecciónUno de los argumentos del Estado para promover la afiliación de los niños y adolescentes de México es la seguridad. Los discursos del secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, y del presidente Felipe Calderón argumentan que la inscripción de la población infantil “obedece a que son un segmento de la población, probablemente el más expuesto a la vulnerabilidad de sus derechos y hay que protegerlos contra cualquier amenaza”.No obstante, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, critica esta postura, pues la garantía de seguridad, señala, se da a través de la institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección de los derechos de los niños. Los argumentos oficiales “son frágiles”, asegura, y aunque jurídicamente están en el derecho y conforme a la ley para llevarlo a cabo hay un tema de carácter técnico y de viabilidad: “El derecho a la identidad no está en una cédula de identidad, sino en un acta de nacimiento. La tipificación de los chicos que han sido sustraídos de su núcleo familiar no se resuelve con una cédula sino con investigación e inteligencia policiaca”.Señala que los mexicanos se deben preguntar “cuál es la tarea y el sentido de las acciones del gobierno para garantizar la defensa de los derechos de los niños”. Además, considera, que no es lo mismo “resguardar a los niños” que cuidar sus derechos. Cuando resguardas a éstos creas institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección”.El documento Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México (versión actualizada 2008-2011), publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), indica que casi el 6 por ciento del producto interno bruto está destinado para atender a la niñez.Durante este periodo, indica la Unicef, “la inversión federal en niños y adolescentes osciló entre 737 mil millones y 819 mil millones de pesos al año, a valores constantes de abril pasado. En total, en el periodo referido se invirtieron 3 billones 123 mil 554 millones de pesos en los niños del país, lo que implica una inversión promedio de 5.85 por ciento del producto interno bruto de México y de 30.25 por ciento del gasto programable total”.El gasto empleado en salud corresponde a 34.41 por ciento; vivienda y su infraestructura, 0.19 por ciento; alimentación y nutrición, 4.6 por ciento; asistencia social, 3.72 por ciento; educación, 46.94 por ciento; deportes, recreación y cultura, 0.65 por ciento; urbanización y desarrollo regional, 8.61 por ciento; medios masivos de comunicación, 0.01 por ciento; y en el rubro de protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación sólo se emplea el 0.87 por ciento.
La SCJN desecha controversia constitucionalEl 7 de septiembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.El senador panista Felipe González defiende la puesta en marcha de este proceso y expone que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 36, fracción primera, que es obligación de los residentes inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que las leyes dicten.“De la misma forma, el segundo párrafo del artículo 36 establece que la organización y el funcionamiento del citado registro y la expedición del documento de identidad son servicios de interés público. Por lo tanto, es una responsabilidad que le corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que se vayan estableciendo en la ley.”El 25 de enero pasado, la Cámara de Diputados interpuso ante la SCJN una controversia constitucional en contra de Calderón y su gabinete, al considerar que la Cédula de Identidad Ciudadana incurría en ilegalidades: la primera, “el Ejecutivo no puede por sí solo regular o reglamentar un aspecto que la ley le ha conferido al Legislativo, mismo que no ha normado respecto a la Cédula”. La segunda corresponde a la violación de los derechos humanos con la obtención de los datos biométricos y la lectura del iris de los mexicanos.Jaime Cárdenas Gracia comenta que después del fallo de la SCJN la única vía que podrían utilizar los ciudadanos para evitar la “violación de sus derechos humanos” será mediante el amparo.
Estado policiacoDe acuerdo con especialistas, defensores de derechos humanos y de la niñez, la Cédula de Identidad Ciudadana violenta la integridad de los menores, pues en ningún país se recaban los datos biométricos y las huellas dactilares de las personas en un sólo documento.David Peña, abogado defensor de derechos humanos, indica que “ni en Estados Unidos, una de las naciones más desarrolladas del mundo, existe un registro de las huellas dactilares de sus ciudadanos, en tanto no hayan cometido ningún delito. La CIC responde más a un Estado policiaco de la actual administración, que a la protección de los mexicanos” (Contralínea, 7 de agosto de 2011).Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, añade que “es excesiva la cantidad de elementos biométricos que se han incorporado, sobre todo cuando en el estándar internacional no está sustentado en los esquemas de identidad policiaca, sino de identificación de una persona. Éstos están definidos con el pasaporte, que es un documento biométrico de reconocimiento mundial”.De la revisión de las solicitudes que hacen los gobiernos de México, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Reino Unido para identificar a sus ciudadanos se desprende que ninguno conjunta los biométricos, con huellas dactilares y la lectura del iris.El director del Renapo justifica: “Hay que tener cuidado porque el tema, por ejemplo del iris, es una cuestión nueva. No tiene mucho tiempo y los sistemas de identificación de los países tardan mucho tiempo en tomar decisiones hasta que se logra instrumentar; por consiguiente, no son tan dinámicos, no son cambiantes las innovaciones tecnológicas”.
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