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No sólo habría “expedientes negros” de ex gobernadores priístas. También existirían los que se han venido armando de quienes fueron mandatarios estatales bajo el cobijo del PAN.
Sobra material para integrarlos. Y todo indica que en las oficinas y dependencias de quienes son llamados “distinguidos militantes del tricolor” ya se acopian detalles sobre el hermano de aquel ex bajacaliforniano que tenía metidas hasta las orejas en asuntos de narcotráfico. Eso, sólo para empezar, en tratándose de Ernesto Ruffo, quien fuera el primer gobernador blanquiazul en el país. O los de ahora mismo, cual el caso del gobernador en turno de Morelos, Marco Antonio Adame, quien ante el cúmulo de evidencias presentadas hace unas semanas en una mesa de Gobernación, ha tenido que ceder al PRI, de facto, la responsabilidad gubernativa.
Sobran los casos de “expedientes negros” panistas. Uno más, el de aquél queretano a quien li-te-ral-men-te “se le cayó el teatrito” o el guanajuatense que, apenas tuvo poder real, liberó al narcotraficante que los panistas quieren convertir en el único que abastezca el mercado estadounidense.
Vayamos al principio:
Fue durante el sexenio de Ruffo Appel –de 1989 a 1995– en Baja California cuando se consolidó la agrupación delictiva de los hermanos Arellano Félix, al grado de que cuatro años después de la toma de posesión del primer gobernador panista, con el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 en Guadalajara, el Gobierno federal etiquetó a la organización de los Arellano como el cártel de Tijuana.
Consta en los anales de la Procuraduría General de la República la averiguación previa 3355/DGM/93 en donde se mencionó la participación del hermano del gobernador Ernesto Ruffo, Claudio Ruffo, en actividades de narcotráfico.
También se relacionó en los mismos delitos a funcionarios del Gobierno estatal de aquella época, como al entonces procurador de Justicia, Juan Francisco Franco Ríos, y a su jefe de escoltas, Sergio Sandoval Ruvalcaba, quien desde 1999 purga sentencia en la cárcel de San Diego por delitos contra la salud como resultado de una operación oculta de la DEA denominada Operación Lechuza.
Durante el mandato de Ruffo Appel, una de las denuncias principales era la venta de credenciales de la Policía Judicial del Estado (PJE) a 8 y 10 mil dólares a la gente de seguridad de los Arellano, y cuyo contacto entre el Gobierno del Estado y la organización delictiva sería el propio Sandoval Ruvalcaba.
Jorge Carpizo McGregor, entonces procurador general de la República y encargado de la investigación en contra de Claudio Ruffo y demás, estuvo a unas cuantas horas de aplicar un operativo donde se aprehendería al hermano del gobernador, al procurador, al jefe de escoltas y a otras personas.
Finalmente no actuaron ni Carpizo, ni sus sucesores en la titularidad de la PGR Benítez Treviño, Lozano Gracia, Jorge Madrazo, Macedo de la Concha y todos los que en este sexenio ha habido.
Hoy Ruffo Appel aparece como apoyador de la precandidatura presidencial de Josefina Vázquez Mota.
Pero ahí está, aún vigente, su “expediente negro”.
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