Pensiones de ex presidentes: inmoralidad y regulación

La revisión a fondo de los privilegios que gozan los ex presidentes de la República –con cargo al erario–, y la consecuente disminución o eliminación de los mismos, ha sido un importante reclamo popular desde hace tiempo: las pensiones millonarias y demás prebendas para quienes han detentado la titularidad del Ejecutivo federal no sólo constituyen una inmoralidad por cuanto contrastan con el entorno nacional de acentuados rezagos económicos y sociales, sino también porque representan una especie de premio vitalicio para personajes que, más allá de su desempeño en el quehacer gubernamental –el de las recientes administraciones ha dejado mucho que desear–, han llegado a amasar grandes fortunas y cotas de poder personal a su paso por Los Pinos. Un referente inmediato al respecto es la presentación de una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados que plantea, entre otras cosas, disminuir hasta en 50 por ciento las retribuciones a los ex mandatarios; suspender el seguro de gastos médicos mayores de esos ex funcionarios, y reducir en 70 por ciento el personal de seguridad a su servicio.

Es importante recordar que las pensiones y demás prerrogativas de que gozan los ex presidentes carecen de sustento jurídico y que no están reguladas por marco legal alguno; en cambio, su aplicación se gesta en acuerdos y manejos discrecionales y poco transparentes ejercidos por las administraciones en turno. Tales prebendas constituyen, por añadidura, una situación de privilegio desde la cual los anteriores ocupantes de la Presidencia de la República siguen ejerciendo poder e influencia política; forjan relaciones con ámbitos empresariales y organismos financieros, y gestan pactos de impunidad con sus sucesores, como lo hicieron los responsables de la guerra sucia, los operadores del fraude del 88, los integrantes del grupo compacto que desmembró el país durante el salinato, los responsables del rescate bancario zedillista y los protagonistas de la intervención indebida del poder público en el proceso electoral de 2006 a favor del candidato oficial.

Leer mas...AQUI