Comunicado del PDPR-EPR

A LOS DIPUTADOS Y SENADORES HONESTOS Y PROGRESISTAS COMPROMETIDOS CON LAS CAUSAS SOCIALES DE NUESTRO PAIS, DEL PODER LEGISLATIVO FEDERAL, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

AL PUEBLO DE MÉXICO

HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS:

A siete días de que se cumplan cuatro años de la detención desaparición forzada de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, y aunque la correlación de fuerzas políticas internacionales y nacionales no les favorecen totalmente para legislar a favor de los intereses del pueblo mexicano, el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), se dirige a ustedes para conminarlos a redoblar esfuerzos para lograr transformar en Ley la legítima exigencia permanente de los familiares, amigos, Organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos de conocer la verdad histórica sobre el paradero de todas y cada una de las víctimas del pernicioso delito de lesa humanidad de desaparición forzada de los setenta y subsecuentes años cometido por el Estado mexicano así como la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, cuya detención desaparición forzada aconteció el 25 de mayo de 2007 en la ciudad de Oaxaca, a cargo del gobierno estatal del nefasto y hasta hoy impune Ulises Ruiz Ortiz y el ejército federal al igual que las más de 10 mil desapariciones forzadas cometidas en nuestro país, también, durante la actual administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Habrían que tomar en cuenta, ciudadanos diputados y senadores que la aprobación de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas sería insuficiente y totalmente inocua si a la par se aprobara la propuesta de reforma a la ya lesiva y retrógrada Ley de seguridad ya que no garantiza en lo absoluto la justicia que el pueblo demanda y sí reafirma la continuidad de la impunidad de las fuerzas castrenses, policiacas y paramilitares, al legalizar y proteger institucionalmente la violación de los derechos humanos.