Arturo Alcalde Justiniani / La Jornada
La desigualdad y el abuso de los recursos públicos que caracterizan la campaña electoral en el estado de México nos han hecho recordar las viejas y eternas luchas de los pobladores de esa región del país por mejorar sus condiciones laborales y de vida, y la importancia de tenerlas presentes en el momento de votar.
El dilema de los trabajadores será optar por un candidato que, más allá de las promesas, dará continuidad a las prácticas que los han mantenido en la postración: bajos salarios, sindicatos charros, impunidad e inseguridad, o intentar transitar hacia un cambio en favor de un gobierno cercano a sus intereses.
Si bien el charrismo o la represión a la organización libre e independiente de los trabajadores es un fenómeno común en todo el país, el estado de México se caracteriza por su dureza. Esta represión es común ante el más mínimo intento de organización autónoma; todos los indicadores así lo exhiben. El acceso a la información pública gubernamental en materia laboral es nula; las redes de complicidad entre las autoridades de trabajo y los líderes venales están entremezcladas. En la práctica es casi imposible dar trámite a los juicios colectivos, incluyendo los de titularidad o cambio de sindicato, a tal grado que el personal jurídico encargado de esta función dentro de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido disminuido a su expresión mínima. El estado de México presume un control absoluto sobre los trabajadores.
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