21 abril 2011
Hay la pretensión, en la Cámara de Diputados, de aprobar en comisiones el próximo lunes el proyecto de dictamen de reformas a la Ley de Seguridad Nacional que otorga al Presidente amplias facultades discrecionales para enfrentar, mediante las fuerzas armadas y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y por medio de la represión, el espionaje a los ciudadanos e interrogatorios a civiles, estados de conflictos o alteraciones diversas de mayor peligro” para la seguridad interior.
El documento contiene puntos tan anticonstitucionales, autoritarios y peligrosos como el facultar al jefe del Ejecutivo federal para que use a las fuerzas armadas contra “movimientos o conflictos de carácter político, electoral, de índole social o del trabajo, cuando se considere que constituyan un desafío o una amenaza a la seguridad interior”; el dar a soldados, marinos y agentes del Cisen atribuciones para intervenir comunicaciones telefónicas e integrar expedientes confidenciales, incluso de carácter político; el facultar a las fuerzas armadas la atribución de restringir la circulación de mercancías y vehículos, así como revisar las pertenencias de particulares en las calles; requerir información a los civiles, “con cualquier herramienta que resulte necesaria”, y el permitir a los efectivos de la Marina, del Ejército y del Cisen contar con informantes anónimos y que, en sus tareas de inteligencia y contrainteligencia, hagan uso “de cualquier método de recolección de información”.
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