2011-04-17•Política
El “¡ya basta!” tiene destinatario. Es el gobierno, sus tres ramas y Poderes; a estas alturas tiene uno privilegiado y personal, el presidente Calderón. Es políticamente evidente. Se apostó todo a esa estrategia y ante su fracaso se le imputa, no podía ser de otro modo. Adolecía de diagnóstico adecuado, sin ponderación de la complejidad y el carácter global del narcotráfico, sin valoración crítica de la correlación de fuerzas (incapacidad, corrupción e ineficacia de las policías locales), carente de una noción de victoria relativa, objetivos y tiempos; se postuló con moralismo maniqueo, se utilizó con afanes legitimadores y se empuñó política y electoralmente contra las oposiciones. ¿Qué esperaba? Con su pan se lo come.
Pero también es de justicia que así sea, que objetivamente se le responsabilice. Decisionismo puro y duro, sin consulta, ni diálogo, sin asomo de autocrítica. Los resultados son brutales. Se trafica igual, precios estables, más consumo, más violencia (grados de altísima gravedad). Lo de estos días, cementerios clandestinos (y los que se irán descubriendo) y las modalidades sistemáticas de exterminio que se implican, la negligencia criminal del gobierno en ese caso específico y en muchos otros; protesta social in crescendo, potenciada y revalorada por las iniciativas de Javier Sicilia (modalidades diferenciadas, más ilustradas y societales que las de otras personalidades prominentes); la ausencia de expectativas halagüeñas (siete años de violencia proclamados por García Luna) y reconocimientos involuntarios de impotencia (los enojos presidenciales) han exacerbado la situación, prefiguran ya un límite.
La avalancha declarativa y crítica de funcionarios del gobierno de USA desfonda y aísla conceptual y políticamente la estrategia gubernamental mexicana. William Browsfield, en sintonía con Hillary Clinton y Obama, establece el fracaso de la vieja estrategia (1979), la necesidad y decisión de un replanteamiento, ya no como lucha principalmente anticriminal, sino como problema de salud y cultural, la legalización como horizonte.
Realidad terrible y dramática. Cientos, probablemente y pronto, miles de personas en busca de sus familiares desaparecidos. Se sabe que hay más, que habrá más, ahí cerca y más allá. El fatídico San Fernando en Tamaulipas —72 migrantes asesinados a sangre fría hace pocos meses y hasta ahora 145 cadáveres—, la negligencia criminal de un Estado que se asume y presume en cruzada frontal contra las bandas delictivas y sus vanguardias narcotraficantes. No es casual ni excepción, nada se hace para salvaguardar carreteras, autobuses, autos, centrales camioneras; sólo operativos basados en delaciones, retenes… bastante inútiles, ilegales, ocasión para extorsiones y daños colaterales por accidentes, equivocaciones o exceso de celo. Ocurre por todos lados, ¿dónde no?
Dato duro y puntual, la prioridad no es, no ha sido, no será la protección de los ciudadanos. Ello sería política y moralmente determinante, en cualquier Estado razonablemente democrático, para condenar y castigar al gobierno; por eso la protesta lo tiene como referente. Es impertinente protestar —exigencia pública de interlocución— contra los criminales; se sabe de su sevicia, de su daño moral, pero también de las condiciones estructurales de violencia de donde surgen y se nutren y también de su arraigo societal y de la potencia adquirida por la violencia como reguladora social de la convivencia en sectores, ámbitos y territorios de la sociedad mexicana.
Se protesta como repudio a la descomposición del Estado, que ha puesto y propiciado las condiciones para una sobredeterminación de la violencia criminal y estatal en el seno de la sociedad; a su vez, estructuralmente —desigualdad inicua, pobreza extendida, marginación y discriminación, corrupción extendida e impunidad flagrante— violenta e injusta.
Los conflictos armados de nuevo tipo, entre bandas y grupos armados por mercados, rutas, nudos comunicacionales, territorios, instancias gubernativas, policiales, militares o judiciales, como el que ocurre en México, sólo encuentra condiciones de posibilidad en Estados en descomposición. Por eso la protesta y el ya basta, el si no pueden renuncien; el riesgo de que las elecciones sólo sean cosméticas, cuando el ejercicio del voto resulte impotente para el cambio de la insostenible situación existente.
Si la guerra no se puede ganar, si el problema no se puede resolver, entonces hay que administrarlo; establecer como prioridad la protección de los ciudadanos, la disminución de la violencia, campañas educativas contra adicciones y rehabilitación; reducir el combate policial a operaciones quirúrgicas, combatir en los frentes financiero y económico. Se trata de cambiar lo que no ha servido. Se protesta por interlocución, autocrítica y responsabilidad pública.
FCPyS-UNAM. Cenadeh.
alan.arias@usa.net
El “¡ya basta!” tiene destinatario. Es el gobierno, sus tres ramas y Poderes; a estas alturas tiene uno privilegiado y personal, el presidente Calderón. Es políticamente evidente. Se apostó todo a esa estrategia y ante su fracaso se le imputa, no podía ser de otro modo. Adolecía de diagnóstico adecuado, sin ponderación de la complejidad y el carácter global del narcotráfico, sin valoración crítica de la correlación de fuerzas (incapacidad, corrupción e ineficacia de las policías locales), carente de una noción de victoria relativa, objetivos y tiempos; se postuló con moralismo maniqueo, se utilizó con afanes legitimadores y se empuñó política y electoralmente contra las oposiciones. ¿Qué esperaba? Con su pan se lo come.
Pero también es de justicia que así sea, que objetivamente se le responsabilice. Decisionismo puro y duro, sin consulta, ni diálogo, sin asomo de autocrítica. Los resultados son brutales. Se trafica igual, precios estables, más consumo, más violencia (grados de altísima gravedad). Lo de estos días, cementerios clandestinos (y los que se irán descubriendo) y las modalidades sistemáticas de exterminio que se implican, la negligencia criminal del gobierno en ese caso específico y en muchos otros; protesta social in crescendo, potenciada y revalorada por las iniciativas de Javier Sicilia (modalidades diferenciadas, más ilustradas y societales que las de otras personalidades prominentes); la ausencia de expectativas halagüeñas (siete años de violencia proclamados por García Luna) y reconocimientos involuntarios de impotencia (los enojos presidenciales) han exacerbado la situación, prefiguran ya un límite.
La avalancha declarativa y crítica de funcionarios del gobierno de USA desfonda y aísla conceptual y políticamente la estrategia gubernamental mexicana. William Browsfield, en sintonía con Hillary Clinton y Obama, establece el fracaso de la vieja estrategia (1979), la necesidad y decisión de un replanteamiento, ya no como lucha principalmente anticriminal, sino como problema de salud y cultural, la legalización como horizonte.
Realidad terrible y dramática. Cientos, probablemente y pronto, miles de personas en busca de sus familiares desaparecidos. Se sabe que hay más, que habrá más, ahí cerca y más allá. El fatídico San Fernando en Tamaulipas —72 migrantes asesinados a sangre fría hace pocos meses y hasta ahora 145 cadáveres—, la negligencia criminal de un Estado que se asume y presume en cruzada frontal contra las bandas delictivas y sus vanguardias narcotraficantes. No es casual ni excepción, nada se hace para salvaguardar carreteras, autobuses, autos, centrales camioneras; sólo operativos basados en delaciones, retenes… bastante inútiles, ilegales, ocasión para extorsiones y daños colaterales por accidentes, equivocaciones o exceso de celo. Ocurre por todos lados, ¿dónde no?
Dato duro y puntual, la prioridad no es, no ha sido, no será la protección de los ciudadanos. Ello sería política y moralmente determinante, en cualquier Estado razonablemente democrático, para condenar y castigar al gobierno; por eso la protesta lo tiene como referente. Es impertinente protestar —exigencia pública de interlocución— contra los criminales; se sabe de su sevicia, de su daño moral, pero también de las condiciones estructurales de violencia de donde surgen y se nutren y también de su arraigo societal y de la potencia adquirida por la violencia como reguladora social de la convivencia en sectores, ámbitos y territorios de la sociedad mexicana.
Se protesta como repudio a la descomposición del Estado, que ha puesto y propiciado las condiciones para una sobredeterminación de la violencia criminal y estatal en el seno de la sociedad; a su vez, estructuralmente —desigualdad inicua, pobreza extendida, marginación y discriminación, corrupción extendida e impunidad flagrante— violenta e injusta.
Los conflictos armados de nuevo tipo, entre bandas y grupos armados por mercados, rutas, nudos comunicacionales, territorios, instancias gubernativas, policiales, militares o judiciales, como el que ocurre en México, sólo encuentra condiciones de posibilidad en Estados en descomposición. Por eso la protesta y el ya basta, el si no pueden renuncien; el riesgo de que las elecciones sólo sean cosméticas, cuando el ejercicio del voto resulte impotente para el cambio de la insostenible situación existente.
Si la guerra no se puede ganar, si el problema no se puede resolver, entonces hay que administrarlo; establecer como prioridad la protección de los ciudadanos, la disminución de la violencia, campañas educativas contra adicciones y rehabilitación; reducir el combate policial a operaciones quirúrgicas, combatir en los frentes financiero y económico. Se trata de cambiar lo que no ha servido. Se protesta por interlocución, autocrítica y responsabilidad pública.
FCPyS-UNAM. Cenadeh.
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