Los Estados, incluyendo el Mexicano, tienen la obligación de ofrecer las condiciones necesarias para el goce pleno de los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción. En el caso de que un derecho sea vulnerado, los gobiernos están obligados a investigar los hechos, castigar a los responsables y reparar el daño infligido a las víctimas. Finalmente los Estados tienen la obligación de instrumentar las medidas necesarias para que los hechos no vuelvan a repetirse. Durante la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa han sido asesinados 44 periodistas, 10 más permanecen desaparecidos. Todos y cada uno de ellos permanecen impunes.
El patrón de violencia en contra de la prensa en México es un fenómeno que se ha consolidado en los últimos 10 años, gracias a la indiferencia e ineficacia de las autoridades en turno.
Tan sólo en 2010, se registraron un total de total de 155 agresiones a la libertad de expresión contra periodistas, trabajadores e instalaciones de los medios de comunicación. En México la prensa trabaja en medio de agresiones físicas, amenazas y actos de intimidación. El 49% de estos actos fueron cometidos por funcionarios púbicos.
Si bien las agresiones más violentas provienen de grupos del crimen organizado, los principales agresores de la prensa en México continúan siendo autoridades adscritas a los tres órdenes de gobierno.
De acuerdo con la información que hemos recabado, tres cuartas partes de las agresiones cometidas por parte de agentes del Estado son responsabilidad de corporaciones policiacas y las Fuerzas Armadas en el ejercicio de funciones de seguridad pública.
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