lunes, 23 de mayo de 2011

Se unen a la defensa de PEMEX




MÉXICO, DF, 22 de mayo (EL UNIVERSAL).- El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados Francisco Rojas adelantó que darán la lucha para evitar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
En un comunicado, “y luego de que Calderón anunció en el extranjero que intentará de nuevo privatizar Pemex enviando una iniciativa de ley en septiembre próximo”, el líder de los diputados del PRI en San Lázaro auguró una nueva lucha de todas las fuerzas políticas, donde se unirán frente al afán privatizador de los panistas del patrimonio nacional.
El coordinador parlamentario priista dijo que para concretar su objetivo, el Ejecutivo Federal espera encontrar una “percepción” social propicia para que Pemex siga el modelo de Petrobras o de la empresa noruega Estatoil y formalice joint ventures con compañías trasnacionales.
Rojas dijo que no son válidas las comparaciones presidenciales, pues ni Brasil ni Noruega “tienen una historia de intervenciones y rapiña como las de México y su petróleo en los años recientes”, que son la raíz de la “percepción” nacionalista de la mayoría del pueblo de México.
“Brasil desarrolló una importante industria de biocombustibles y se inicio en la exploración y desarrollo de yacimientos marinos, porque durante muchos años fue importador neto de hidrocarburos.
“Con la creación de la empresa Petrosalt, que hizo el expresidente Lula da Silva, se reservaron para el Estado los ricos yacimientos marinos recién descubiertos frente a las costas de Sao Paulo y cancelaron las concesiones otorgadas a particulares.
“Noruega no contaba con la industria ni con la experiencia petrolera para explotar los yacimientos del mar del norte, por lo que durante casi un lustro se preparo para regular, controlar y desarrollar la explotación marina, y crear un mecanismo que esterilizara los excedentes petroleros y un fondo para cuando se agotaran los hidrocarburos, situación que ya está sucediendo”, explicó.
Rojas dijo además que ambos países desarrollaron una industria proveedora de partes y equipos de los que hoy son importantes exportadores y alentaron las firmas de ingeniería nacionales.
De acuerdo con el legislador, el gobierno de Brasil no solo hizo convenios con universidades y centros de investigación para preparar técnicos y profesionistas, descentralizar y agilizar la investigación y desarrollo tecnológicos, sino que el régimen fiscal de las empresas petroleras de ambas naciones no es confiscatorio como en nuestro país.
Aquí en México, señaló, “el Partido Acción Nacional (PAN) ha expoliado fiscalmente a Pemex, desperdiciado los excedentes petroleros, desmantelado metódicamente su planta técnica y liquidado las firmas nacionales de ingeniería; no se han desarrollado industrias proveedoras de partes y, menos aún de equipos, se ha frenado la investigación y el desarrollo tecnológico y desalentado la formación de técnicos y profesionistas”.
Y preguntó: “¿en estas condiciones qué podría aportar Pemex a las joint ventures, aparte del crudo, la tramitación de contratos y el pago de facturas?”
Rojas recordó que en lo que se refiere a los contratos integrales o incentivados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los declaró constitucionales, pero en el engrose de las sentencias, los ministros establecieron una serie de requisitos que debe observar el Consejo de Administración para autorizarlos, a fin de que se respete el espíritu del artículo 27 Constitucional sobre la rectoría del Estado en materia de hidrocarburos.
Sin embargo, dijo, los contratos integrales para campos maduros del sureste contienen claúsulas que a juicio de la Cámara de Diputados son anticonstitucionales y violan lo establecido por la Corte, de ahí que interpuso otra controversia constitucional, que fue rechazada por el ministro instructor alegando que la Cámara no tiene interés legítimo por ser actos particulares.
Rojas insistió que la Cámara considera que Pemex no es una empresa privada ni el petróleo una mercancía cualquiera, por lo que interpuso un recurso de reclamación que fue aceptado para su trámite el 4 de mayo pasado.
Ante ello, reiteró, se augura una nueva lucha por defender el patrimonio nacional y una vez más la población tendrá que dar la lucha desde la Cámara de Diputados para custodiar los intereses de la nación.

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